25 noviembre, 2024
Cofece multa con más de 437 millones de pesos a Gasolineras por manipular precios

 

La Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) impuso una de las multas más grandes en su historia, castigando a 52 gasolineras, 18 directivos y a la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) con un total de 437 millones 911 mil 146 pesos. Esta sanción es el resultado de una investigación que reveló la manipulación ilegal de los precios de la gasolina regular y premium en diversas zonas del país, afectando a miles de consumidores entre los años 2014 y 2021.

 

La Cofece, como organismo encargado de promover la competencia y libre concurrencia en México, descubrió que estas gasolineras se coordinaron para fijar precios de manera concertada, violando las leyes de competencia y perjudicando a los consumidores finales. Estas prácticas anticompetitivas, conocidas como colusión, son ilegales ya que impiden que el mercado funcione de manera equitativa, elevando artificialmente los precios del combustible en perjuicio de los usuarios.

 

Según la investigación de la Cofece, los involucrados, que pertenecen a distintos grupos empresariales en varios estados del país, manipularon los precios de la gasolina en diferentes momentos durante un periodo de siete años. A continuación, se detallan las principales conductas ilegales y las multas impuestas:

  • Grupo Combustibles y Gasolinera Colón: 15 gasolineras y 2 directivos, en conjunto con Amegas, participaron en un foro de gasolineros donde acordaron no bajar los precios entre 2014 y 2017. Por esta acción recibieron una multa cercana a los 28 millones de pesos.
  • Grupo Megasur, Grupo Enerkom y Grupo Lodemo: 13 gasolineras y 3 directivos fueron multados con más de 315 millones de pesos por manipular los precios entre marzo de 2020 y junio de 2021 en Mérida, Yucatán.
  • Grupo Casimiro, Grupo Hernie, Grupo Express-Bajío, Grupo Insurgentes y Grupo Presidentes: Un total de 18 gasolineras y 6 directivos fueron sancionados con casi 70 millones de pesos por prácticas ilegales llevadas a cabo entre enero y noviembre de 2018 en Irapuato, Guanajuato.
  • Nandalumi e Iván Hugo Combustibles: Estas gasolineras, junto con 2 directivos, fueron multadas con más de 12 millones de pesos por coordinar precios entre enero y diciembre de 2018 en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.
  • Casper y Centauro: Las gasolineras ubicadas en León, Guanajuato, junto con 2 directivos, recibieron una multa de casi 4 millones de pesos por manipular precios entre enero y agosto de 2018.
  • Grupo Hidrocarburos Hidalgo: Finalmente, 3 gasolineras de este grupo, situadas en Pachuca, Hidalgo, fueron multadas con más de 8 millones de pesos por coordinar precios entre enero y octubre de 2018.

 

El impacto económico y social

La manipulación de precios no solo afecta los bolsillos de los consumidores, sino que también genera distorsiones en la economía local y nacional. La Cofece señaló que estos acuerdos entre competidores tienen graves repercusiones en el bienestar de la población, ya que impiden que los consumidores se beneficien de precios competitivos y justos en el mercado de los combustibles, un bien esencial para millones de mexicanos.

 

A través de un comunicado, la Cofece enfatizó que este tipo de prácticas impiden el correcto funcionamiento de la oferta y demanda. Cuando los precios no son fijados de acuerdo con las condiciones del mercado, los consumidores son los principales perjudicados, ya que pagan más por productos que podrían haber obtenido a un costo menor.

 

Respuesta de los involucrados

Algunas de las empresas multadas, como Grupo Megasur y Grupo Enerkom, han rechazado las acusaciones, argumentando que la volatilidad de los precios de los combustibles durante el periodo de 2020 a 2021, afectado por la pandemia de COVID-19, fue lo que realmente causó las alzas en los precios, sin embargo, la Cofece demostró, mediante un exhaustivo análisis de la información, que estos grupos empresariales manipularon deliberadamente los precios en detrimento de la competencia.

 

Por su parte, la Asociación Mexicana de Empresarios Gasolineros (Amegas) también fue sancionada, ya que participó activamente en la coordinación de precios entre las gasolineras durante varios foros organizados entre 2014 y 2017. Amegas, una de las principales asociaciones del sector gasolinero en México, jugó un papel clave en estos acuerdos ilegales, según las pruebas recabadas por la Cofece.

Acciones Legales y Futuras

La Cofece subrayó que estas acciones forman parte de su compromiso para garantizar la competencia económica en el país. “Acordar precios entre competidores es ilegal y tiene un impacto devastador en la economía”, señaló el organismo en su comunicado oficial. Además, la Cofece advirtió que continuará utilizando todas sus herramientas para que este tipo de conductas no queden impunes y para proteger a los consumidores mexicanos.

 

El organismo invitó a las empresas del sector energético a respetar las leyes de competencia y recordó que este tipo de sanciones sirven como un precedente para futuras investigaciones. Asimismo, la Cofece destacó la importancia de la denuncia ciudadana y empresarial para detectar prácticas ilegales que afectan a la economía.

 

Los consumidores también han pedido mayor transparencia por parte de las gasolineras y una regulación más estricta para evitar que este tipo de prácticas vuelvan a ocurrir en el futuro. La Cofece aseguró que seguirá monitoreando el mercado de combustibles para evitar la repetición de estas acciones.

La multa de más de 437 millones de pesos impuesta por la Cofece a 52 gasolineras, directivos y Amegas envía un mensaje claro: las prácticas anticompetitivas no serán toleradas en México. Esta sanción no solo representa una victoria para los consumidores, sino también un recordatorio de la importancia de mantener un mercado justo y transparente.

 

Acordar precios es una práctica ilegal que afecta directamente el bolsillo de los mexicanos. En un contexto económico donde cada peso cuenta, estas multas demuestran que las autoridades están dispuestas a actuar para proteger a los consumidores y garantizar la libre competencia.