En junio de 2025, México vivirá un evento sin precedentes: una elección abierta en la que los ciudadanos podrán votar por 881 nuevos jueces y magistrados federales. El proceso, que deriva de la reciente reforma al Poder Judicial, busca cambiar la forma en que se designan los juzgadores en el país, abriendo las puertas a más de 5 mil aspirantes que competirán por estas codiciadas plazas.
Senado alista la Convocatoria
El Senado de la República se prepara para aprobar la convocatoria oficial que dará inicio a este proceso electoral. Según fuentes legislativas, se espera que la convocatoria sea emitida en las próximas horas, marcando el inicio formal de una elección que involucra a ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), jueces de distrito y magistrados de circuito.
Entre los puestos a renovar están nueve vacantes en la Suprema Corte, dos en la Sala Superior del TEPJF y cinco en el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial. Además, los ciudadanos elegirán a 464 magistrados de circuito y 386 jueces de distrito.
Proceso inédito
La reforma al Poder Judicial ha generado controversia desde su aprobación en septiembre de 2024. Uno de los aspectos más polémicos es el proceso de selección de los candidatos, ya que cada uno de los tres Poderes de la Unión tiene la facultad de proponer aspirantes. Por ejemplo, para las vacantes en la Suprema Corte, el Poder Ejecutivo podrá proponer a tres candidatos por cada puesto, mientras que el Senado podrá proponer dos y la Cámara de Diputados uno. Esto da un total de seis candidatos por vacante, de los cuales los votantes elegirán a los nuevos ministros.
Para las 464 plazas de magistrados de circuito, se espera un total de 2,784 candidatos, mientras que para las 386 vacantes de jueces de distrito habrá 2,316 aspirantes, todos ellos propuestos por los tres poderes. La elección se llevará a cabo en todo el país, con cada entidad renovando sus plazas en los circuitos judiciales correspondientes.
Juana Fuentes Velázquez, directora general de la Asociación Nacional de Magistrados y Jueces (JUFED), expresó su preocupación por la forma en que se está llevando a cabo el proceso. “Estamos viendo una injerencia peligrosa del poder político en la judicatura. Este proceso vulnera la autonomía judicial y pone en riesgo la calidad de la impartición de justicia en el país”, declaró en una reciente conferencia de prensa.
Por su parte, el senador Gerardo Fernández Noroña, uno de los principales impulsores de la reforma, defendió el proceso como una medida para democratizar el Poder Judicial. “Esta es una oportunidad histórica para que el pueblo decida quiénes deben impartir justicia. Durante años, el Poder Judicial ha sido un espacio cerrado y ahora estamos abriendo las puertas a la participación ciudadana”, afirmó Noroña durante una sesión del Senado.
Plazas en Juego
Los cargos a disputarse incluyen algunos de los puestos más importantes dentro del sistema judicial mexicano. La Suprema Corte, por ejemplo, renovará nueve de sus once ministros, lo que significa un cambio significativo en la cúpula de la justicia en el país. Los nuevos ministros que resulten electos tendrán un mandato de entre ocho y once años, dependiendo del número de votos que obtengan.
Asimismo, se elegirán 15 magistrados de las Salas Regionales del TEPJF, que se distribuyen en cinco circunscripciones electorales. Los ciudadanos de Baja California, Sonora, Jalisco, entre otros, votarán por los magistrados de la Sala Regional Guadalajara. Mientras tanto, los habitantes de Ciudad de México, Guerrero, Morelos y Puebla elegirán a los magistrados de la Sala Regional Ciudad de México.
Polémica en las candidaturas
Uno de los puntos más controvertidos de este proceso es la inclusión de figuras polémicas entre los candidatos que perderán sus plazas y deberán competir en la elección. Entre ellos se encuentran jueces y magistrados que han sido criticados por su actuación en casos relevantes. Por ejemplo, el magistrado Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, sobrino de la diputada Dolores Padierna, perderá su plaza como juez de distrito. Delgadillo Padierna es recordado por haber ordenado la prisión preventiva de Rosario Robles, exsecretaria de Estado, en un caso que generó gran controversia.
Otro juez afectado es Adrián Fernando Novelo Pérez, quien concedió varias suspensiones al proyecto del Tren Maya, uno de los proyectos insignia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador. La jueza Abigail Ocampo Álvarez también perderá su plaza y deberá someterse a la elección. Ocampo fue señalada por haber concedido un amparo a Antonio Oseguera, hermano del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación.
¿Proceso Democrático o una Intromisión Política?
El debate sobre si este proceso representa un avance democrático o una intromisión política sigue dividiendo opiniones. Mientras que el gobierno y los legisladores de Morena defienden la reforma como una forma de democratizar el Poder Judicial, muchos expertos en derecho y organizaciones judiciales ven con preocupación la politización del proceso.
“Estamos viendo cómo el Poder Legislativo está tomando control de la judicatura. Este tipo de mecanismos son peligrosos porque permiten que los jueces y magistrados sean elegidos con criterios políticos y no con base en su experiencia o méritos profesionales”, advirtió Enrique Carpizo, jurista especializado en derecho constitucional.
Con la convocatoria aprobada, el proceso electoral está oficialmente en marcha. Se espera que en las próximas semanas se dé a conocer el listado oficial de candidatos, y la campaña electoral comenzará en los primeros meses de 2025. Mientras tanto, la JUFED ha prometido brindar asesoría legal a los jueces y magistrados que se vean afectados por este proceso, y algunos de ellos ya han manifestado su intención de impugnar la elección.
La elección judicial de 2025 será un evento histórico que marcará un antes y un después en la forma en que se seleccionan a los juzgadores en México, pero queda por ver si este proceso logrará su objetivo de mejorar la impartición de justicia o si, como advierten sus críticos, se convertirá en una herramienta de control político sobre el Poder Judicial.
