El conflicto entre los trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) y el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) se ha intensificado tras la decisión de mantener el paro de actividades que inició el pasado 19 de agosto de 2024. En una manifestación realizada frente a la sede del CJF, ubicada en Insurgentes Sur, los trabajadores reiteraron su postura en contra de la reforma judicial, desafiando las directrices del Consejo y enfrentando posibles sanciones económicas.
Postura firme de los trabajadores
Jorge Alejandro Pérez Luna, vocero de los 32 Circuitos Judiciales del país, fue el encargado de comunicar la decisión de prolongar el paro indefinido. Durante su intervención en la protesta, afirmó que los trabajadores judiciales no retomarán sus labores mientras no se resuelvan las demandas que han planteado al CJF, principalmente el respeto a sus salarios y prestaciones.
“Estamos dispuestos a asumir esos riesgos, está en juego la República y los derechos de todos los ciudadanos. No hay condiciones para regresar a las actividades hasta que se atiendan nuestras peticiones”, declaró Pérez Luna ante cientos de manifestantes.
El vocero hizo referencia a la sesión del pleno del CJF del miércoles pasado, en la que se determinó que los requerimientos de los trabajadores seguirán en análisis, lo que para muchos dentro del gremio representa una dilación injustificada. “No son cuestiones que no se puedan resolver, son demandas que llevan tiempo siendo ignoradas y no estamos dispuestos a ceder”, agregó Pérez Luna.
Contexto del conflicto
El paro comenzó como respuesta a la reforma judicial impulsada en 2024, la cual incluye cambios estructurales que los trabajadores del PJF consideran lesivos para sus derechos laborales, entre ellos la reducción de algunas prestaciones y la modificación de las condiciones de trabajo. Desde el inicio del paro, los trabajadores han sostenido que las reformas no fueron consultadas con ellos y que sus consecuencias afectarán tanto al personal como a la ciudadanía que depende de la justicia.
Además de las demandas salariales, otro punto de conflicto es la posible reestructuración de las funciones dentro del Poder Judicial, lo que podría derivar en despidos o reasignaciones que afectan la estabilidad laboral. Pérez Luna subrayó que el paro continuará hasta que sus derechos sean garantizados.
Respuesta del CJF y las divisiones internas
El Consejo de la Judicatura Federal ha adoptado una postura más moderada, optando por mantener un análisis exhaustivo de las demandas, pero sin comprometerse a cambios inmediatos. Según la circular 21 emitida por el CJF, las peticiones de los trabajadores están siendo evaluadas en el pleno, aunque no se ha dado un plazo concreto para su resolución.
Este retraso en la toma de decisiones ha generado malestar entre los empleados del Poder Judicial, quienes ven en la postura del CJF una estrategia para deslegitimar sus demandas y debilitar su movimiento.
Además, el conflicto ha evidenciado divisiones internas dentro del propio CJF. La sesión del miércoles pasado fue especialmente tensa, ya que se sometió a votación la entrega de información sobre los cargos de las personas juzgadoras por circuito judicial, especialización por materia, género, vacancias, renuncias y retiros programados. Aunque existían amparos que impedían la entrega de estos datos, el consejero Sergio Javier Molina Martínez decidió votar a favor de la entrega de la información, rompiendo con el bloque de consejeros que había defendido el respeto a los amparos.
Este giro de Molina Martínez sorprendió a muchos, ya que anteriormente había votado alineado con la ministra presidenta del Consejo, Norma Piña. En esta ocasión, su voto fue clave para que la mayoría, compuesta por los consejeros morenistas Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés y Celia Maya, lograra aprobar la medida.
Consecuencias para los trabajadores
Los trabajadores del PJF que se mantienen en paro están conscientes de que esta decisión podría traer consecuencias económicas, especialmente en forma de descuentos salariales. No obstante, han reiterado su disposición a asumir estos riesgos con tal de que sus demandas sean escuchadas y resueltas.
“Sabemos que pueden descontarnos salarios, pero no estamos luchando por algo trivial. Esta es una cuestión de principios y de proteger nuestros derechos y los del pueblo de México”, afirmó un trabajador que prefirió mantenerse en el anonimato.
En tanto, el CJF señaló que continuará evaluando las implicaciones legales del paro y que, de prolongarse, se podrían aplicar medidas más severas para quienes no retomen sus labores, pero el conflicto parece lejos de resolverse, ya que las posiciones de ambas partes se mantienen firmes.
Apoyo a los trabajadores y la polarización política
El paro del Poder Judicial ha generado un debate amplio en el ámbito político y social. Mientras que algunos sectores apoyan las demandas de los trabajadores, otros argumentan que el paro está afectando gravemente el acceso a la justicia en el país. Casos judiciales pendientes, audiencias pospuestas y retrasos en la resolución de procesos son solo algunos de los efectos colaterales de esta suspensión de actividades.
Por su parte, Claudia Sheinbaum, presidenta del país, ha sido crítica con el movimiento, señalando que “algunos están enojados porque se van a ir”, en alusión a los posibles despidos o cambios que la reforma judicial podría traer consigo. No obstante, los trabajadores insisten en que su lucha es justa y necesaria.
“Nos acusan de detener el acceso a la justicia, pero lo que realmente está en riesgo es la independencia del Poder Judicial y los derechos de todos los ciudadanos. No se trata solo de nuestros salarios, es un tema mucho más profundo”, explicó Pérez Luna.
A medida que el paro del Poder Judicial se prolonga, la presión sobre el CJF para llegar a una solución aumenta. Sin embargo, el escenario sigue siendo incierto, ya que los trabajadores están decididos a continuar su lucha hasta que sus demandas sean atendidas en su totalidad.
La próxima semana será clave para el desarrollo del conflicto, ya que se espera que el CJF presente una nueva propuesta para atender algunas de las demandas de los trabajadores. Sin embargo, el escepticismo dentro del gremio es alto, y muchos temen que las soluciones ofrecidas por el CJF no sean suficientes para detener el paro.
