El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vivió momentos tensos este jueves al debatir sobre los vacíos e interpretaciones de la reciente Reforma Judicial. La discusión se centró principalmente en la cantidad de votos necesarios para invalidar una ley, tema que provocó un fuerte intercambio de opiniones entre la presidenta del órgano, Norma Lucía Piña Hernández, y la ministra Lenia Batres Guadarrama. Este debate resalta la complejidad de implementar nuevas reglas en el Poder Judicial y ha puesto en el centro de atención la división entre los ministros sobre cómo interpretar ciertos aspectos de la reforma.
Origen del debate
La discusión comenzó con un caso relacionado con la Ley de Ingresos del Municipio de Piedras Negras, Coahuila, específicamente sobre los cobros por certificación de documentos. La ministra presidenta, Norma Lucía Piña, propuso desestimar el recurso al alcanzar siete votos en el Pleno. Sin embargo, el ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena expresó su inquietud acerca del criterio para desestimar la norma, argumentando que la reforma judicial reciente reduce el requisito de votos de ocho a seis para invalidar una ley.
Gutiérrez Ortiz Mena señaló: “¿Con fundamento en qué artículo estamos tomando ocho votos como requisito para la votación? En el texto constitucional actual no encuentro un requisito de ocho votos”. Su comentario desató un extenso debate sobre el número de votos que debe considerarse válido para tomar decisiones trascendentales como la invalidez de una norma. Esta pregunta subraya la confusión que la Reforma Judicial ha causado en la interpretación de ciertos procesos dentro de la SCJN.
Reforma Judicial y los vacíos legales
Uno de los puntos más críticos que salió a relucir durante la discusión fue la existencia de vacíos en la Reforma Judicial, que no detallan con claridad cómo deben interpretarse las nuevas reglas. Desde su aprobación, varios ministros han expresado dudas sobre la correcta implementación de algunos aspectos de la reforma, y esta sesión no fue la excepción.
La ministra Lenia Batres Guadarrama, visiblemente incómoda por la insistencia en este punto, calificó como “absurdo” volver a discutir la integración de la Corte y el número de votos necesarios para tomar decisiones. “Si ya se resolvió, no entiendo por qué seguimos discutiendo esto. Me parece absurdo porque ya hemos tenido varias sesiones de Sala funcionando y emitiendo resoluciones”, comentó Batres durante su intervención.
Este comentario desató una respuesta inmediata de la presidenta Norma Lucía Piña, quien pidió que no se utilizara el adjetivo “absurdo” en el Pleno, argumentando que el respeto debe prevalecer en las discusiones judiciales. “La facultad que tengo para hacer un comentario es la misma que tiene usted para expresarse en este Pleno”, replicó Piña, en defensa de su posición como presidenta y rectora de las discusiones.
Libertad de expresión y respeto en el Pleno
El intercambio entre Piña y Batres subrayó uno de los temas recurrentes en las sesiones de la SCJN: los límites de la libertad de expresión y el respeto mutuo entre los ministros. La ministra Batres, en respuesta a la petición de la presidenta de moderar su lenguaje, afirmó: “No sé bajo qué regla usted me pueda reconvenir a no utilizar la palabra absurdo. Me parece inadecuado y sí tendríamos que ponernos de acuerdo muy bien en cuáles son los límites de la libertad de expresión argumentativa que tenemos las y los ministros”.
Este comentario provocó un nuevo debate sobre la libertad de expresión dentro del Pleno, con varios ministros posicionándose a favor de mantener un tono respetuoso, mientras que otros, como Batres, argumentaron que la libertad de argumentación debe prevalecer. Este tipo de tensiones no son nuevas dentro del máximo órgano judicial del país, pero la reciente Reforma Judicial ha intensificado los desacuerdos entre los integrantes.
Vacíos sobre el número de votos
El tema del número de votos necesarios para invalidar una norma fue uno de los puntos más discutidos. La reforma judicial, aprobada recientemente, establece que ahora se requieren seis votos para invalidar una ley, en lugar de los ocho que se exigían previamente. Sin embargo, algunos ministros, como Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, señalaron que este cambio no está claramente especificado en la Constitución y que se debe precisar cómo aplicar este criterio en futuras decisiones.
Norma Lucía Piña intentó zanjar la discusión proponiendo que los casos donde no se alcance la mayoría de votos necesarios para invalidar una norma sean retomados en futuras sesiones. Sin embargo, esta solución temporal no logró resolver del todo las inquietudes de algunos ministros, quienes consideran que los vacíos legales de la reforma deben abordarse con mayor profundidad.
Además la reforma también ha puesto en tela de juicio los salarios de los ministros, que en algunos casos son superiores a los del presidente de la República. Este tema fue brevemente mencionado durante el debate, aunque no fue el punto central de la discusión. Sin embargo, sigue siendo una cuestión que provoca divisiones dentro del Pleno y en la opinión pública.
Pasos en la implementación de la reforma
A pesar de los desacuerdos, el Pleno de la SCJN continúa trabajando en la interpretación y aplicación de la Reforma Judicial. La presidenta Piña ha hecho un llamado a sus colegas para mantener un ambiente de respeto y profesionalismo en las discusiones, al tiempo que se enfrentan a los retos que presenta la implementación de las nuevas reglas.
Por su parte, la ministra Lenia Batres reafirmó su compromiso con la libertad de expresión y la importancia de un debate abierto, aunque enfatizó que este debe llevarse a cabo con claridad y sin ambigüedades. “Es fundamental que las reglas del juego sean claras para todos los integrantes de este órgano, y que podamos seguir resolviendo casos de manera eficiente y justa”, concluyó Batres.
El Pleno de la SCJN tiene previsto continuar con el análisis de los casos pendientes relacionados con la reforma en las próximas semanas, con la esperanza de que se logren mayores consensos sobre la interpretación de las nuevas disposiciones.
