El debate sobre la reforma judicial en México alcanzó un nuevo nivel de tensión tras el firme rechazo expresado por la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (JUFED) a la determinación del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) de implementar dicha reforma. Este enfrentamiento institucional pone en riesgo el equilibrio entre poderes en el país, mientras las partes involucradas intercambian posturas que podrían llevar a una crisis constitucional sin precedentes.
Desacato judicial que alarma a la JUFED
En un comunicado emitido por la JUFED, la organización manifestó su rechazo a la participación en la ejecución de la reforma judicial promovida por el CJF, señalando que dicha implementación está en desacato a las suspensiones otorgadas por jueces federales. Según la JUFED, este desacato representa una violación directa al principio de la División de Poderes, un pilar fundamental en la democracia mexicana.
El comunicado subraya que el respeto a las decisiones judiciales es esencial para la legitimidad de las instituciones del país. “El incumplimiento de las suspensiones otorgadas para frenar la reforma judicial constituye una clara ruptura del Estado de Derecho y vulnera la confianza en nuestras instituciones”, afirmó el organismo, haciendo un llamado urgente a que se respete el marco legal vigente.
Sorteo a través de tómbola: ¿Precedente peligroso?
Una de las decisiones más controvertidas en torno a esta reforma judicial ha sido la propuesta del CJF de realizar un sorteo a través de una “tómbola” para seleccionar a los jueces y magistrados federales que serán sustituidos en 2025. Este mecanismo ha sido duramente criticado por la JUFED, quienes consideran que la falta de transparencia y certidumbre en este proceso afecta gravemente los derechos humanos de los juzgadores.
“La implementación de un sorteo para designar a los nuevos juzgadores transgrede los principios básicos de estabilidad y continuidad institucional, atentando contra la independencia judicial”, señalaron los integrantes de la JUFED. Además, afirmaron que esta medida sienta un peligroso precedente en el que se violan los principios de técnica legislativa y constitucional, lo cual podría debilitar la estructura de uno de los poderes más importantes del Estado mexicano.
Ante el desacato y la incertidumbre generada por las acciones del CJF, la JUFED hizo un llamado urgente a los Poderes Ejecutivo y Legislativo para que respeten la legalidad y mantengan un diálogo abierto y democrático. “La independencia y estabilidad del Poder Judicial son esenciales para la salud democrática de nuestro país, y cualquier intento de socavarlas debe ser firmemente rechazado”, sentenció la Asociación en su comunicado.
El organismo insistió en que la reforma judicial, tal como está planteada, vulnera el equilibrio de poderes y pone en riesgo la legitimidad del gobierno de Claudia Sheinbaum, quien ha respaldado la iniciativa del CJF. A través de su comunicado, los jueces y magistrados reiteraron la importancia de preservar el Estado de Derecho y pidieron que se detengan las acciones que atentan contra el orden institucional.
¿Una crisis constitucional en marcha?
El conflicto entre la JUFED y el CJF no es un simple desacuerdo entre funcionarios judiciales. De hecho, algunos expertos en derecho consideran que esta situación podría derivar en una crisis constitucional si no se respetan las suspensiones judiciales. Juristas han calificado este choque como “inédito y profundo”, alertando que la tensión entre el Poder Judicial y el Consejo de la Judicatura podría desencadenar una confrontación de largo alcance.
Uno de los puntos más críticos del conflicto radica en la postura de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha señalado que no se reunirá con la Corte Suprema para dialogar sobre la reforma, argumentando que esta tarea recae en la Secretaría de Gobernación. Este distanciamiento ha generado preocupación entre los magistrados y jueces, quienes temen que la reforma judicial sea implementada sin el consenso de los actores directamente afectados.
Paro de labores y sus repercusiones
En respuesta a las acciones del CJF, trabajadores y jueces del Poder Judicial de la Federación han mantenido un paro de labores que comenzó en agosto de este año. El paro, que ha afectado a juzgados en diversas partes del país, es una muestra más de la resistencia ante la reforma judicial. El pasado 11 de octubre, el CJF determinó que el paro continuará hasta que se resuelvan los recursos judiciales interpuestos por diversas organizaciones en contra de la reforma.
El paro no solo es una manifestación de descontento, sino también una señal de que los trabajadores del Poder Judicial consideran que la reforma vulnera su autonomía y pone en peligro la estabilidad de la institución. “Esta reforma genera una peligrosa falta de certeza en los derechos laborales y en la continuidad institucional de quienes formamos parte del Poder Judicial”, señalaron los voceros del movimiento.
Mientras el Consejo de la Judicatura Federal prepara nuevas sesiones para determinar si acata o no las suspensiones judiciales, el futuro de la reforma sigue siendo incierto. Algunos expertos sugieren que, si el CJF decide continuar con el proceso, podría enfrentarse a una avalancha de recursos legales que retrasen la implementación de la reforma por tiempo indefinido.
Por otro lado, si el CJF acata las suspensiones, el proceso legislativo de la reforma se vería paralizado hasta que los tribunales federales resuelvan las impugnaciones presentadas. En este contexto, la reforma judicial enfrenta múltiples desafíos legales y políticos que podrían retrasar su ejecución más allá de 2025.
