En una sesión extraordinaria del Senado, las comisiones unidas de Gobernación y Estudios Legislativos aprobaron reformas clave para el Poder Judicial, pero una de las iniciativas de Leyes Reglamentarias enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum, contiene una nueva regla que permite a los tres Poderes de la Unión vetar el listado de candidatos a jueces y magistrados federales propuesto por el Comité de Evaluación. Este cambio, generó un intenso debate entre los legisladores de Morena y la oposición, ya que altera significativamente el proceso de selección de jueces en México.
Contexto de la Reforma Judicial
La reforma judicial propuesta por Sheinbaum busca garantizar una mayor transparencia y control en el proceso de elección de jueces. El punto más controvertido de la iniciativa es la inclusión de un mecanismo de veto, que otorga al Congreso, la Presidencia y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) la facultad de rechazar los listados de candidatos propuestos por el Comité de Evaluación. Este comité es el encargado de evaluar a los aspirantes y presentar a los más aptos para los cargos de jueces y magistrados federales.
El senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara, autor de la modificación, defendió la propuesta, argumentando que “esto fortalece la coordinación entre los Poderes y garantiza que los mejores perfiles ocupen los puestos judiciales”. La modificación también permite a las Cámaras del Congreso realizar postulaciones conjuntas para los candidatos, en caso de que los listados sean rechazados en su totalidad.
Procedimiento se enreda y provoca confusión legislativa
Durante la sesión, se vivieron momentos de confusión debido a un error cometido por el senador Enrique Inzunza, presidente de la Comisión de Estudios Legislativos. Al inicio de la discusión, las comisiones comenzaron a debatir las reservas de una ley que aún no había sido presentada para su votación. Este desliz generó incertidumbre entre los legisladores, que no sabían con exactitud si estaban votando las modificaciones de una ley o de otra.
La presidenta de la Comisión de Gobernación, Margarita Valdez, intervino para corregir el procedimiento y reconducir la votación; sin embargo, la confusión persistió, y algunos senadores de Morena, con seis años de experiencia legislativa, mostraron desconcierto.
El secretario general de Servicios Administrativos del Senado, Arturo Garita, tuvo que intervenir para aclarar el procedimiento y concluir correctamente la votación en lo particular de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Posteriormente, se abrió la discusión en lo general y particular de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral.
Posiciones abren debate intenso
El debate se tornó más acalorado cuando el panista Ricardo Anaya tomó la palabra para criticar la reforma. Según Anaya, la modificación que permite a los poderes de la Unión vetar los listados de candidatos va en contra de la Constitución, que establece que los Comités de Evaluación deben seleccionar a los aspirantes sin interferencias. “Lo que estamos aprobando dice que el Senado, la Presidencia o la SCJN podrán rechazar a los candidatos antes de que se someta la lista a insaculación, lo cual contradice la reforma constitucional”, argumentó Anaya.
El ex candidato presidencial también advirtió que esta reforma otorgará a Morena un control total sobre las candidaturas judiciales. “Esto no es democrático”, subrayó, señalando que Morena podría influir en la selección de jueces y magistrados para garantizar que quienes lleguen a estos puestos sean afines al partido.
La senadora Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, se sumó a las críticas de Anaya, afirmando que “estamos viendo un procedimiento legislativo laxo y lleno de errores”. Barrales cuestionó la transparencia y la legalidad del proceso legislativo que llevó a la aprobación de la reforma.
Defensa de Morena: Cambio necesario
Los senadores de Morena, por su parte, defendieron la reforma como un paso necesario para mejorar la transparencia en el sistema judicial. Manuel Huerta, autor de la modificación, aseguró que “el veto de los Poderes de la Unión es una medida democrática que no debe alarmar a nadie”. Según Huerta, esta reforma permitirá que los mejores candidatos sean seleccionados y que el Poder Judicial sea más transparente y eficiente.
Margarita Valdez también intervino para señalar que la reforma responde a un mandato popular para combatir la corrupción en el Poder Judicial. “No podemos permitir que jueces y magistrados sigan sirviendo a intereses ajenos al pueblo”, afirmó Valdez, en referencia a las críticas de que algunos miembros del Poder Judicial favorecen a grupos de poder.
Protestas del Poder Judicial y la Ciudadanía
Mientras tanto, las manifestaciones en contra de la reforma judicial continúan en diversas partes del país. En Jalisco, trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF), junto con estudiantes de la Universidad de Guadalajara y ciudadanos, marcharon en la capital del estado en protesta por las nuevas reglas. Los manifestantes exigen ser incluidos en el debate sobre las leyes secundarias de la reforma y advierten que estas modificaciones ponen en riesgo la independencia judicial.
“Esta reforma busca politizar la elección de jueces y eso no lo podemos permitir”, declaró uno de los manifestantes. “El Poder Judicial debe ser independiente de la política, no controlado por los intereses del partido en el poder”, agregó.
Las nuevas reglas para la elección de jueces han generado un fuerte debate político y social. Mientras Morena y sus aliados defienden la reforma como una medida para erradicar la corrupción en el sistema judicial, la oposición y los trabajadores del Poder Judicial ven en estas modificaciones una amenaza a la independencia de los jueces.
El próximo paso es la votación en el Pleno del Senado, que de aprobarse, la reforma será enviada a la Cámara de Diputados, donde se espera que el debate continúe con la misma intensidad.
