Un día como hoy, 26 de septiembre de 2014, se marcó una de las noches más oscuras en la historia reciente de México. Un grupo de 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural “Raúl Isidro Burgos” de Ayotzinapa desapareció tras un violento operativo en Iguala, Guerrero; en el se se vieron involucrados fuerzas de seguridad y autoridades de los tres niveles de gobierno como grupos delincuenciales de la región.
Diez años después, sus familias aún exigen respuestas, clamando por la verdad y justicia, mientras el país se mantiene en una lucha constante contra la impunidad.
Los estudiantes se dirigían a la Ciudad de México para participar en una marcha conmemorativa de la masacre de Tlatelolco cuando fueron interceptados. La operación, que resultó en seis muertos, varios heridos y la desaparición de los 43 jóvenes, marcó el inicio de un caso que ha sacudido al país y trascendido fronteras.
El gobierno de Enrique Peña Nieto presentó la denominada “Verdad Histórica”, una narrativa que aseguraba que los estudiantes habían sido asesinados e incinerados en un basurero de Cocula, pero la versión fue desmentida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), que descubrió graves inconsistencias y omisiones en la investigación oficial.
Las movilizaciones sociales no se hicieron esperar. Miles de personas salieron a las calles de México y del mundo, exigiendo justicia y transparencia en un caso que dejó en evidencia las profundas fallas del sistema judicial y la colusión entre autoridades y el crimen organizado. A pesar de algunas detenciones, muchos de los responsables directos permanecen en libertad y las familias continúan luchando para que se revele la verdad.
El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, creó la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa en 2018, prometiendo resolver el caso. Aunque se han reabierto las investigaciones, los avances han sido lentos y en 2023, el GIEI confirmó la participación del ejército en la desaparición, revelando documentos que muestran la colusión entre militares y el crimen organizado.
A lo largo de estos 10 años, el caso Ayotzinapa se ha convertido en un símbolo de la crisis de derechos humanos e impunidad en México, en un país donde más de 115,000 personas están desaparecidas y 72,000 cuerpos permanecen sin identificar.
Cada 26 de septiembre, las familias de los 43 estudientes marchan y preguntan: ¿Dónde están?, pero lamentablemente no hay respuestas.
