Este lunes 23 de septiembre de 2024, el Senado de la República vivirá una de las discusiones más trascendentales en materia de seguridad pública en México. Se trata del dictamen sobre la reforma constitucional que busca integrar de manera permanente a la Guardia Nacional bajo el mando de las Fuerzas Armadas, una medida que ha generado un profundo debate entre las bancadas del oficialismo y la oposición.
Las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano (MC) han dejado clara su postura en contra de lo que denominan la “militarización de la seguridad pública”, una estrategia que consideran ineficaz para resolver la violencia e inseguridad que azota al país.
A pesar de que la oposición cuenta con 42 votos entre las tres principales bancadas, cifra insuficiente para bloquear la reforma, el Partido Acción Nacional (PAN), el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Movimiento Ciudadano (MC) han anunciado que votarán en bloque contra el dictamen, en defensa de lo que ellos llaman la integridad de las instituciones civiles.
Marko Cortés, presidente del PAN, ha sido uno de los opositores de esta reforma. En declaraciones recientes, Cortés sostuvo que la militarización no es la solución a los problemas de inseguridad que enfrenta el país. “La militarización de un país como respuesta a la inseguridad puede parecer una medida rápida y efectiva ante los altos niveles de delincuencia que vive México, pero en realidad tiende a generar más inseguridad y violencia“, afirmó.
Además, señaló que la reforma debilitará a las fuerzas civiles, como las policías preventivas e investigadoras, y promoverá el uso excesivo de la fuerza letal, lo que podría derivar en violaciones a los derechos humanos.
Un Gobierno incapaz de frenar la violencia, según el PAN
Cortés no se detuvo ahí. También criticó duramente al gobierno de Morena, asegurando que el régimen ha fracasado en su responsabilidad de garantizar la seguridad de los mexicanos. “El incremento de la violencia e inseguridad en México evidencia que la militarización que propone Morena no es la solución. El régimen fracasó en la principal razón del Estado, que es garantizar la vida, la integridad y la seguridad de las personas”, aseveró.
El líder del PAN respaldó sus palabras con cifras contundentes. Según los datos más recientes, durante la actual administración se han registrado más de 200 mil personas asesinadas, además de niveles récord en extorsiones, desapariciones forzadas y la expansión del crimen organizado a lo largo del territorio nacional. “Estamos viviendo el peor momento de violencia en la historia reciente de México”, sentenció Cortés.
PRI: Militarización no es la respuesta
En sintonía con el PAN, el PRI también ha manifestado su rechazo a la reforma. Desde su dirigencia nacional, el partido ha argumentado que el oficialismo ha abusado del uso de las Fuerzas Armadas para tareas que no les corresponden, desdibujando las diferencias entre seguridad pública y seguridad nacional.
“Están confundiendo las tareas de seguridad pública con las de seguridad nacional. Los cuerpos de seguridad deben ser de carácter civil. No se trata de una política pública integral ni de un nuevo modelo de seguridad”, señaló el partido en un comunicado oficial. Para el PRI, la militarización de la Guardia Nacional no soluciona los problemas de fondo y en cambio, consolida el control excesivo del Poder Ejecutivo sobre el resto de las instituciones del Estado.
Además, el PRI ha enfatizado que una política de seguridad pública exitosa debe estar centrada en el fortalecimiento de las instituciones civiles, como las policías locales y estatales, y no en la transferencia de poder a las Fuerzas Armadas, que están capacitadas para tareas de defensa nacional y no para labores de seguridad cotidiana.
Movimiento Ciudadano: Lucha por defender a México de la militarización
El Movimiento Ciudadano (MC) ha sido igualmente categórico en su oposición a la reforma. Clemente Castañeda, coordinador de los senadores de MC, criticó duramente a Morena y a su mayoría legislativa, acusándolos de ser incapaces de escuchar argumentos razonados y de imponer su agenda sin tomar en cuenta las consecuencias a largo plazo para el país.
“Con la misma valentía con la que los diputados de Movimiento Ciudadano se enfrentaron a una mayoría incapaz de escuchar razones, desde el Senado de la República defenderemos a México de esta nociva reforma”, aseguró Castañeda en un mensaje a medios de comunicación. El senador advirtió que la militarización de la seguridad pública solo profundizará la crisis de violencia en el país y erosionará las bases del Estado de Derecho.
Para Movimiento Ciudadano, el gran error de esta reforma es suponer que los problemas de inseguridad pueden resolverse mediante la militarización de la sociedad, cuando lo que realmente se necesita es fortalecer las instituciones civiles y aumentar la inversión en programas de prevención del delito, justicia social y oportunidades económicas para las comunidades más vulnerables.
Postura del oficialismo: militarización como única salida
Por su parte, el gobierno de Morena ha defendido la reforma como una medida necesaria ante el incremento de la violencia relacionada con el crimen organizado. Según los defensores de la militarización, la integración de la Guardia Nacional a las Fuerzas Armadas garantiza una estructura organizativa más robusta y disciplinada para enfrentar a los cárteles y las organizaciones criminales que operan en el país.
Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado, fue uno de los principales defensores de la reforma. En su intervención, Noroña destacó que la inseguridad ha rebasado las capacidades de las policías locales y que la Guardia Nacional, bajo el control de las Fuerzas Armadas, tendrá la capacidad operativa necesaria para restablecer el orden en todo el país.
Sin embargo, los opositores temen que al colocar a la Guardia Nacional bajo el mando militar, se debilite aún más la rendición de cuentas y se amplíe el uso de la fuerza letal en situaciones donde debería prevalecer un enfoque civil y de proximidad.
Consecuencias de la militarización
El debate sobre la militarización de la seguridad pública no es nuevo en México. Desde el lanzamiento de la estrategia militar contra el narcotráfico en 2006, las Fuerzas Armadas han jugado un papel cada vez más central en la seguridad del país. No obstante, a lo largo de estos años, expertos en seguridad y organizaciones de derechos humanos han advertido que esta estrategia ha sido ineficaz y ha generado una serie de problemas colaterales, incluidos abusos de poder y violaciones a los derechos humanos.
Según un análisis realizado por México Evalúa, una organización dedicada a la investigación de políticas públicas, el enfoque militar ha contribuido a un aumento en la violencia en muchas regiones del país. “El uso excesivo de la fuerza y la falta de rendición de cuentas en las acciones de las Fuerzas Armadas han derivado en violaciones a los derechos humanos que socavan la confianza de la población en las instituciones“, señala el informe.
El dictamen que se discute hoy en el Senado tendrá implicaciones a largo plazo, no solo para la estrategia de seguridad de México, sino para la relación entre las Fuerzas Armadas y las instituciones civiles. Los próximos pasos que tome el país en este ámbito definirán el curso de la seguridad pública y el respeto a los derechos humanos en los años venideros.
