El próximo 23 de septiembre marca el inicio de un nuevo ciclo electoral en México, pero esta vez con un carácter inédito: el Instituto Nacional Electoral (INE) se enfrentará al desafío de organizar las primeras elecciones judiciales del país, que se llevarán a cabo en junio de 2025. Este proceso, derivado de la reciente reforma al Poder Judicial, requiere que el INE construya las bases desde cero, tanto en términos de reglas como de cartografía electoral, ya que no existen precedentes para este tipo de comicios.
En palabras de Guadalupe Taddei Zavala, presidenta del INE, la institución se encuentra ante un reto monumental. “Partimos de cero”, afirmó durante una entrevista. “Debemos crear las reglas del juego para estos comicios extraordinarios, donde no habrá partidos políticos ni leyes secundarias aún, pero contamos con la facultad reglamentaria necesaria para avanzar”.
Reto de la cartografía y el marco geográfico
Uno de los primeros desafíos que enfrenta el INE es la creación de un marco geográfico adecuado para las elecciones judiciales. A diferencia de las elecciones ordinarias, que utilizan la base de los 300 distritos electorales, las áreas de influencia en el Poder Judicial responden a criterios diferentes. El Poder Judicial tiene una cartografía distinta, basada en las cargas de trabajo de jueces y magistrados, más que en la representación popular que caracteriza las elecciones legislativas.
“El Poder Judicial tiene una constitución distinta. En lugar de basarnos en los distritos federales o estatales que usamos en las elecciones ordinarias, tendremos que diseñar una cartografía que responda a las áreas de adscripción de jueces y magistrados, lo cual está determinado por factores procesales”, explicó Taddei Zavala.
El INE ya ha comenzado a trabajar en coordinación con las consejerías y áreas internas para desarrollar este marco geográfico. En la sesión del lunes, donde se instalará el Consejo General del INE, se dará inicio a este proceso y se reformará el reglamento de sesiones, eliminando la participación de los partidos políticos en los puntos que correspondan a la elección de los cargos judiciales.
Coordinación con el Poder Judicial y el Senado
El proceso no será sencillo ni rápido. Según Bernardo Bátiz, consejero de la Judicatura Federal, ya existe una coordinación con el Senado para proporcionar la información necesaria sobre el número de jueces que generarán vacantes y aquellos que serán sustituidos en el marco de la reforma judicial. Esto incluye datos sobre jueces y magistrados de diversos niveles, y permitirá al Senado emitir la convocatoria para las elecciones en un plazo máximo de 30 días.
El régimen transitorio de la reforma estipula que el Senado será el encargado de emitir la convocatoria y dar seguimiento al proceso, mientras que el INE será responsable de la organización técnica y logística de las elecciones. “Estamos entregando toda la información para que el Senado pueda convocar y realizar el seguimiento adecuado de esta reforma, que no es exagerado decir que es una revolución en el Poder Judicial”, explicó Bátiz.
Ejercicio sin precedentes
La elección judicial de 2025 es un ejercicio inédito en la historia de México. Nunca antes los jueces y magistrados del Poder Judicial habían sido seleccionados a través de un proceso electoral. Este cambio, según Bátiz, busca democratizar uno de los poderes más importantes del país. “Hasta ahora, los jueces no eran electos por el pueblo, a diferencia de los poderes Ejecutivo y Legislativo. Con esta reforma, el Poder Judicial se pone al mismo nivel, sin perder su independencia, pero con una legitimidad reforzada”, comentó.
La reforma judicial fue promulgada el pasado 16 de septiembre, y a partir de esa fecha, el INE tiene siete días para sesionar y comenzar el año electoral. Este proceso arrancará con un acto cívico y la instalación formal del Consejo General el próximo lunes a las 8 de la mañana.
Dificultades presupuestales y técnicas
A medida que el INE avanza en la preparación de las elecciones, surgen preguntas sobre los recursos necesarios para llevar a cabo este ejercicio. La consejera Dania Ravel destacó que se está revisando el presupuesto, ya que la organización de estas elecciones requerirá adecuaciones presupuestales tanto para 2024 como para 2025. “Este no es un ejercicio ordinario ni puede compararse con una revocación de mandato o una consulta popular. Estamos hablando de algo sin precedentes, por lo que será necesario ajustar el presupuesto”, comentó Ravel.
Ravel también mencionó que el proceso electoral judicial exigirá una revisión minuciosa de los recursos que se utilizarán en base al marco geográfico que se diseñará, así como la posible necesidad de reasignaciones para cumplir con los plazos establecidos.
A pesar de las dificultades técnicas y presupuestales que el INE enfrenta, Taddei Zavala confía en que el equipo del instituto está preparado para superar estos obstáculos. “Sabemos que será un proceso lleno de retos, pero contamos con un equipo calificado que tiene la experiencia necesaria para organizar este tipo de comicios”, aseguró.
Reformas al reglamento y la participación del Poder Judicial
El lunes, durante la primera sesión del año electoral, se aprobarán varios puntos clave, entre ellos la creación de una comisión temporal que supervisará el proceso de organización de las elecciones. Además, se establecerá un calendario de actividades y se iniciará la generación del marco geográfico que servirá de base para la elección de jueces y magistrados en 2025.
En cuanto a las reformas al reglamento de sesiones, la presidenta del INE destacó que los partidos políticos no podrán intervenir en los puntos relacionados con la elección de los cargos judiciales. Este es un aspecto fundamental, ya que el proceso judicial no estará sujeto a las mismas dinámicas de representación partidaria que caracterizan otras elecciones.
La “Revolución” del Poder Judicial
En palabras de Bátiz, la reforma judicial representa un cambio de gran calado para el país. Durante una entrevista en el Senado, donde asistió a la instalación de la Comisión de Justicia presidida por Javier Corral, Bátiz calificó el proceso como una “revolución pacífica” que tiene como objetivo modernizar y democratizar el Poder Judicial.
Aunque algunos jueces y magistrados han expresado su preocupación por los cambios, Bátiz aclaró que todos los derechos de los trabajadores del Poder Judicial serán respetados. No obstante, reconoció que algunos perderán sus posiciones debido a los ajustes que implica la reforma. “Es normal que en una revolución pacífica algunos pierdan privilegios, pero todos tendrán la oportunidad de participar en este nuevo sistema”, afirmó.
