Este 18 de septiembre la Cámara de Diputados dio un paso histórico al aprobar una reforma constitucional que busca fortalecer los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos en México. Con 483 votos a favor, los legisladores avalaron el dictamen que modifica el artículo 2 de la Constitución, reconociendo a estas comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y patrimonio propio. Esta reforma, impulsada por el Ejecutivo Federal, pasó al Senado para su discusión y posible aprobación.
Uno de los aspectos centrales de esta reforma es el reconocimiento de los pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, lo que les otorga personalidad jurídica y les permite administrar su propio patrimonio. Este cambio en la Constitución busca garantizar que las comunidades tengan la capacidad de ejercer sus derechos de forma autónoma, sin intermediarios, y puedan tomar decisiones a través de sus propias asambleas comunitarias, las cuales serán respetadas por el gobierno y la sociedad.
La propuesta también incluye el respeto irrestricto a sus derechos humanos y la creación de mecanismos para preservar y difundir su cultura, así como promover el desarrollo de la medicina tradicional y otros conocimientos ancestrales.
Voz de los legisladores
En una sesión plenaria que marcó un momento crucial para los derechos de las comunidades originarias y afromexicanas, varios legisladores se pronunciaron sobre la importancia de esta reforma. Noemí Berenice Luna Ayala, coordinadora del Grupo Parlamentario del PAN, celebró la aprobación de la reforma, aunque advirtió que sigue siendo insuficiente.
“Si bien este dictamen es un avance, no cubre todas las necesidades de este sector. Desde el PAN estaremos atentos a las próximas discusiones del Presupuesto de Egresos 2025 para asegurar que se destinen más recursos a educación, salud, vivienda, desarrollo económico y acceso a nuevas tecnologías para las comunidades indígenas y afromexicanas”, señaló Luna.
En ese sentido, el PAN y otros grupos parlamentarios subrayaron la importancia de que Morena y sus aliados cumplan con los compromisos asumidos, no solo en el plano legislativo, sino también en la asignación de mayores recursos presupuestales que permitan materializar estas reformas en beneficio de las comunidades.
Asistencia jurídica y cultural para las comunidades indígenas
Otro de los puntos clave de la reforma es la garantía de que las personas indígenas tengan, en todo momento, el derecho a ser asistidas por intérpretes, traductores, defensores y peritos especializados en derechos indígenas. Esto incluye la perspectiva de género, el pluralismo jurídico y el respeto por la diversidad cultural y lingüística. La medida pretende corregir las barreras que históricamente han enfrentado estas comunidades al acceder a la justicia y garantizar su derecho a una defensa justa, respetando sus tradiciones y particularidades.
El dictamen también establece que las decisiones tomadas por las asambleas comunitarias indígenas tendrán fuerza legal, asegurando que sus resoluciones sean vinculantes y respetadas por las instituciones del Estado. De esta manera, la reforma busca empoderar a las comunidades para que ejerzan su autonomía de manera plena y sin interferencias externas.
Por su parte, el Consejo Nacional de los Pueblos Indígenas y Afromexicano (CNPI) emitió un comunicado celebrando la aprobación del dictamen. En su mensaje, la organización destacó que este avance representa un acto de “elemental justicia” para las comunidades que, durante mucho tiempo, han sido marginadas y privadas de sus derechos fundamentales.
“Este reconocimiento no es solo un logro legal, sino un paso hacia la restitución de derechos que nos han sido negados por siglos”, expresó uno de los líderes del CNPI durante una ceremonia en la Plaza de las Tres Culturas, en la Ciudad de México.
El CNPI también subrayó la importancia de seguir avanzando en la reforma presupuestaria que asegure recursos suficientes para implementar las medidas aprobadas, garantizando que estas comunidades puedan disfrutar de los derechos reconocidos en la reforma.
El camino hacia el Senado
El dictamen aprobado por la Cámara de Diputados fue turnada al Senado, donde este 19 de septiembre se discute y en su caso, será aprobado. Este es un paso crucial, ya que se requiere el aval de ambas cámaras legislativas para que la reforma entre en vigor. Varios senadores han mostrado su apoyo a la medida, pero también han señalado que se deben revisar algunos aspectos técnicos para asegurar que los derechos reconocidos en la Constitución se implementen de manera efectiva.
En este sentido, se espera que el debate en el Senado sea un espacio para perfeccionar la reforma y garantizar que las comunidades indígenas y afromexicanas no solo reciban un reconocimiento simbólico, sino que puedan ejercer sus derechos con plena autonomía y justicia.
Retos pendientes
Aunque la reforma es vista como un avance significativo, varios expertos y organizaciones han señalado que aún hay retos importantes que deben ser abordados. Entre ellos, la necesidad de garantizar que los recursos financieros necesarios lleguen efectivamente a las comunidades y que estas cuenten con las herramientas necesarias para ejercer su autonomía. Además, persisten desafíos relacionados con la discriminación estructural, la falta de acceso a servicios básicos y la exclusión económica que sufren muchas comunidades indígenas y afromexicanas.
Noemí Berenice Luna Ayala, del PAN, destacó que el reconocimiento constitucional es solo el primer paso, pero que es necesario trabajar en una agenda integral que aborde problemas como el acceso a educación de calidad, servicios de salud adecuados, vivienda digna y oportunidades económicas. Además, subrayó la importancia de fortalecer la infraestructura tecnológica en las comunidades para que puedan acceder a las nuevas tecnologías y participar plenamente en la sociedad digital.
Un avance histórico, pero con trabajo por hacer
La aprobación de esta reforma en materia de derechos indígenas y afromexicanos es, sin duda, un hito histórico para México. El reconocimiento de estas comunidades como sujetos de derecho público, con personalidad jurídica y autonomía, representa un avance en la lucha por la igualdad y la justicia. Sin embargo, como han señalado varios actores, el verdadero desafío será implementar estas reformas de manera efectiva y garantizar que se traduzcan en mejoras concretas para la vida de millones de personas indígenas y afromexicanas.
El proceso pasó al Senado, donde se espera que se afinen los detalles y se asegure que las comunidades tengan el apoyo necesario para ejercer plenamente sus derechos reconocidos. Mientras tanto, las expectativas de las organizaciones indígenas y de la sociedad civil se mantienen altas, con la esperanza de que este sea el comienzo de una nueva era en la relación del Estado mexicano con sus pueblos originarios y afromexicanos.
