Varios encarcelados han recibido el cobijo de recuperar la libertad, muy al estilo de la Cuarta Transformación. Así es que la Comisión de Amnistía de la Secretaría de Gobernación (Segob), ha informado que hasta agosto de 2023, se han concedido 458 amnistías a personas que se encontraban encarceladas, principalmente por delitos relacionados con el narcotráfico.
Este proceso de amnistía se ha llevado a cabo como parte de los esfuerzos del Gobierno de México por revisar y corregir casos de personas en situaciones de vulnerabilidad que fueron sentenciadas por crímenes menores o que no recibieron un juicio justo, especialmente pertenecientes a comunidades indígenas y personas en situación de pobreza.
Un total de 2,376 solicitudes recibidas
Desde la puesta en marcha del programa de amnistía, la Comisión ha recibido un total de 2,376 solicitudes. De estas, 458 fueron declaradas procedentes, lo que significa que las personas beneficiadas pueden obtener su libertad, ver extinguidas las acciones penales en su contra y recuperar sus derechos civiles y políticos. Según el informe presentado por Segob al Senado de la República, 98% de estas amnistías corresponde a personas sentenciadas por delitos contra la salud, particularmente relacionados con el narcotráfico.
La subsecretaria de Gobernación, en su informe ante los legisladores, destacó que las decisiones se tomaron después de una exhaustiva revisión de cada caso, considerando factores como la vulnerabilidad social, el acceso limitado a un juicio justo y las condiciones socioeconómicas de los solicitantes.
393 personas liberadas
A la fecha, 393 de las 458 personas beneficiadas ya se encuentran en libertad, tras la calificación de legalidad por parte de la autoridad judicial federal. Esta calificación permitió la extinción de las sanciones impuestas y la eliminación de los antecedentes penales de los amnistiados, quienes también recuperaron sus derechos políticos y civiles.
El informe señala que de las 65 amnistías restantes, 38 casos fueron calificados como no legales, 15 están pendientes de calificación y 10 quedaron sin efecto debido a un cambio en la situación jurídica de las personas interesadas. En tres casos, las autoridades competentes no contaban con los elementos suficientes para calificar la legalidad de la amnistía.
Delitos contra la salud: Mayoría de los casos
De los 458 beneficiados por el proceso de amnistía, 449 personas se encontraban encarceladas por delitos contra la salud relacionados con narcóticos, lo que representa la mayoría de los casos. Estas personas, en su gran mayoría, fueron procesadas o sentenciadas por posesión o transporte de drogas en pequeñas cantidades, a menudo debido a su situación de vulnerabilidad.
Leticia Robles, vocera de la Segob, comentó que uno de los principales objetivos de la amnistía es corregir las injusticias cometidas contra personas que, por razones socioeconómicas o de exclusión social, no pudieron acceder a un juicio justo. “Muchas de estas personas fueron víctimas del sistema, sentenciadas por delitos menores o bajo condiciones de discriminación”, añadió Robles.
Casos de delitos menores y migratorios
Aunque los delitos contra la salud son predominantes en las solicitudes de amnistía concedidas, también hubo otros casos relacionados con robo simple y delitos en materia migratoria. Seis personas beneficiadas estaban relacionadas con robo simple del fuero federal, mientras que tres individuos fueron sentenciados por delitos migratorios, específicamente personas de comunidades indígenas que no accedieron plenamente a la jurisdicción del Estado mexicano.
Perfil de los amnistiados: Reflejo de la vulnerabilidad social
El informe de la Comisión de Amnistía también arroja datos interesantes sobre el perfil de las personas beneficiadas. De los 458 amnistiados, 153 son mujeres y 305 son hombres. Además, 43 de las personas liberadas son indígenas, de las cuales 12 son mujeres y 31 hombres.
En términos de nacionalidades, la gran mayoría de los beneficiados son mexicanos, con 422 personas liberadas, pero también se otorgaron amnistías a 11 ecuatorianos, 10 colombianos, 8 guatemaltecos, 2 peruanos, 1 estadounidense, 1 hondureña y 1 salvadoreña.
Uno de los aspectos más destacados del proceso de amnistía es que 411 de los amnistiados se encontraban en situación de pobreza al momento de su arresto. Según el informe, muchas de estas personas fueron involucradas en delitos menores, principalmente relacionados con el narcotráfico, debido a su situación de exclusión social y falta de oportunidades.
Además, 10 personas fueron beneficiadas porque cometieron el delito bajo indicación de alguien más, y 9 personas por tener una discapacidad permanente. Otros casos incluyeron a 7 personas que actuaron por temor fundado y a 6 individuos indígenas que no accedieron plenamente a la justicia durante su proceso legal.
Por otro lado, 5 personas se encontraban en condiciones de vulnerabilidad extrema, debido a la exclusión y discriminación que sufrieron, mientras que 2 personas recibieron la amnistía por ser consumidoras de drogas. También se mencionó que dos personas habían sido obligadas por grupos del crimen organizado a cometer los delitos por los que fueron sentenciadas.
Por su parte, Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, enfatizó que la amnistía es una herramienta importante para restaurar la justicia social en el país. “No podemos permitir que personas sigan pagando condenas injustas por delitos menores, especialmente cuando su situación de pobreza o discriminación fue un factor clave en su condena”, afirmó Alcalde durante su intervención en el Senado.
El proceso de amnistía en México, aunque controvertido en algunos sectores, ha sido una herramienta clave para corregir injusticias históricas y ofrecer una segunda oportunidad a personas que fueron atrapadas en el sistema judicial por delitos menores o debido a su situación de vulnerabilidad.
Con 393 personas liberadas hasta agosto de 2023, y muchas más en proceso de recibir la amnistía, este esfuerzo refleja la intención del Gobierno de transformar el sistema judicial y enfocarse en la rehabilitación y reintegración social. Los beneficiados no solo recuperan su libertad, sino también sus derechos civiles y políticos, lo que les permite reinsertarse en la sociedad de manera plena.
