El gobierno de México ha sido condenado a pagar una millonaria indemnización a la empresa estadounidense Odyssey Marine Exploration, luego de perder un arbitraje internacional relacionado con el proyecto de minería submarina “Don Diego”.
El fallo, emitido por el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (CIADI), establece que México deberá pagar 37.1 millones de dólares más intereses, debido a la negativa de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) de autorizar la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA) del proyecto, lo que fue considerado como un incumplimiento de las obligaciones establecidas en el capítulo 11 del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN).
Conflicto: SEMARNAT vs. Odyssey Marine Exploration
El caso comenzó en 2016, cuando la SEMARNAT rechazó por primera vez el permiso ambiental solicitado por Odyssey Marine Exploration para el proyecto “Don Diego”, que pretendía extraer fosfato del lecho marino en el Golfo de Ulloa, Baja California Sur. La empresa tenía planes de dragar esta región del Pacífico Norte para extraer el material, una importante materia prima para la fabricación de fertilizantes.
El rechazo inicial de la SEMARNAT se basó en la falta de información clara sobre los impactos ambientales del proyecto y la aplicación del principio precautorio ante posibles daños al medio ambiente, particularmente a especies marinas protegidas como la tortuga caguama y las ballenas. No obstante, Odyssey llevó el caso al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), que ordenó a la SEMARNAT reevaluar el proyecto en 2018. Sin embargo, la dependencia mexicana mantuvo su negativa, lo que llevó a Odyssey a iniciar un arbitraje internacional bajo las disposiciones del TLCAN.
La resolución del CIADI
Tras cuatro años de litigio, el CIADI falló a favor de Odyssey Marine Exploration, dictaminando que México no había proporcionado un trato justo y equitativo a la empresa. El tribunal concluyó que las decisiones de SEMARNAT fueron arbitrarias y discriminatorias, al no basarse en pruebas científicas suficientes y otorgar un trato desigual a los inversionistas extranjeros. Como resultado, México deberá pagar no solo los 37.1 millones de dólares, sino también intereses anuales calculados a la tasa de los bonos del Tesoro de México, cercana al 10%, acumulados desde octubre de 2018, así como los costos administrativos del arbitraje.
Postura de Odyssey Marine Exploration
Mark Gordon, director ejecutivo de Odyssey Marine Exploration, celebró el fallo a favor de su empresa. En un comunicado, afirmó que la resolución del tribunal confirma que la SEMARNAT actuó de manera injusta al negar el permiso ambiental. “Este proyecto ha sido respaldado por expertos y asesores que avalaron su viabilidad económica y su responsabilidad ambiental. El fallo valida nuestra posición de que la agencia ambiental de México erró al rechazar nuestro proyecto”, dijo Gordon.
Además, insistió en que el proyecto “Don Diego” sigue siendo estratégicamente importante para la empresa, dado que el fosfato es un recurso esencial para la industria de fertilizantes, y su extracción en el Golfo de Ulloa podría haber generado importantes ingresos y empleo en la región.
Argumentos ambientales y sociales: Defensa de México
El gobierno de México, a través de la SEMARNAT, defendió su decisión de rechazar el proyecto con base en argumentos ambientales y sociales. Alejandro Olivera, representante en México del Centro para la Diversidad Biológica, subrayó que la negativa a aprobar la Manifestación de Impacto Ambiental se sustentaba en la necesidad de proteger el ecosistema marino, particularmente a las especies en peligro, como las ballenas y las tortugas caguama.
Olivera señaló que la MIA presentada por Odyssey carecía de información científica suficiente y se basaba en solo siete días de datos de campo, lo que no era suficiente para evaluar los posibles impactos a largo plazo de la minería submarina en la biodiversidad del Golfo de Ulloa. “Revocar una decisión que fue tomada para proteger el medio ambiente es un precedente peligroso, especialmente en un ecosistema tan frágil como el de Baja California Sur”, afirmó el ambientalista.
Además, científicos como Jorge Urbán, de la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS), advirtieron que el dragado del lecho marino alteraría las rutas migratorias de las ballenas y otros mamíferos marinos que habitan en la zona. El experto explicó que la comunicación de estos animales es acústica, y el ruido generado por las operaciones de extracción podría interferir gravemente en su comportamiento, afectando su capacidad para comunicarse y reproducirse. “El dragado no solo levantaría sedimentos, sino que también liberaría metales pesados que han estado almacenados en el lecho marino por millones de años, como aluminio, cadmio, cobre y zinc, que pueden ser tóxicos para la vida marina”, advirtió Urbán.
Impactos económicos en la pesca
Además de los impactos ambientales, organizaciones pesqueras locales expresaron su preocupación por los efectos negativos que la minería submarina podría tener en las pesquerías de la región. Florencio Aguilar, representante de la Sociedad Cooperativa de Producción Pesquera Puerto Chale, señaló que la minería en el Golfo de Ulloa podría afectar la captura de especies como la langosta, el pulpo y el abulón, recursos fundamentales para la economía de la zona.
Aguilar también mencionó que las mareas rojas, que ya representan un desafío natural para la pesca, podrían empeorar debido a la liberación de sedimentos, afectando la calidad del agua y la viabilidad de las actividades pesqueras. “Si permitimos que este proyecto avance, podríamos perder mercados internacionales importantes, como el de China para la langosta o el de Estados Unidos para el pulpo”, lamentó el líder pesquero.
Consecuencias para México
El fallo del CIADI representa un duro golpe para México, tanto en términos económicos como de reputación. La indemnización multimillonaria se suma a otros casos en los que el país ha enfrentado arbitrajes internacionales debido a disputas con empresas extranjeras bajo los acuerdos del TLCAN y, más recientemente, del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Además, este resultado pone de relieve las tensiones entre el desarrollo económico y la protección ambiental. Si bien la minería submarina podría haber generado beneficios económicos para México, la necesidad de proteger sus recursos naturales y preservar los ecosistemas marinos prevaleció en las decisiones de la SEMARNAT. No obstante, el fallo del tribunal internacional sugiere que, en este caso, los procedimientos legales y regulatorios del país no fueron considerados adecuados para garantizar un trato justo a los inversionistas extranjeros.
El conflicto entre Odyssey Marine Exploration y el gobierno mexicano plantea importantes interrogantes sobre el equilibrio entre desarrollo económico, inversión extranjera y protección ambiental. Aunque México ha sido condenado a pagar una cuantiosa indemnización, la negativa de la SEMARNAT a permitir el proyecto “Don Diego” reflejó una postura de precaución en favor de la biodiversidad marina y la protección de especies en peligro.nte y basada en la ciencia.
