Este jueves 19 de septiembre de 2024, la Cámara de Diputados de México se prepara para una discusión crucial en torno a la reforma constitucional de la Guardia Nacional. Esta iniciativa, que forma parte del llamado “Plan C” del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha generado intensos debates entre las diversas fuerzas políticas y organizaciones civiles debido a las implicaciones que conlleva en la estructura de la seguridad pública en el país.
La reforma busca modificar la Constitución para otorgar a la Guardia Nacional un carácter permanente, integrándola plenamente bajo el mando de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Esta propuesta ha sido una de las más polémicas dentro del paquete de 20 iniciativas que el presidente López Obrador ha impulsado en los últimos meses de su mandato, argumentando que las Fuerzas Armadas son “indispensables para la tranquilidad y la estabilidad social de México”.
Según Ricardo Monreal, coordinador del grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados, el dictamen ya ha sido aprobado en comisiones y será sometido a votación el jueves. Monreal ha defendido esta iniciativa, asegurando que la permanencia de la Guardia Nacional bajo control militar es una necesidad en el contexto actual de violencia e inseguridad generada por el crimen organizado en el país.
Durante la sesión previa, se espera que los grupos parlamentarios presenten sus posturas, las cuales han sido marcadamente divergentes. Morena, junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), ha expresado su apoyo incondicional a la reforma. Por su parte, los partidos de oposición como el Partido Acción Nacional (PAN) y el Partido de la Revolución Democrática (PRD) han criticado la militarización de la seguridad pública, argumentando que esto pone en riesgo los derechos civiles y puede exacerbar la violencia en lugar de reducirla.
El diputado panista Santiago Creel se ha mostrado particularmente crítico de la propuesta, declarando en sesiones anteriores que “la seguridad pública debe ser responsabilidad de un mando civil, no militar, pues esto representa un retroceso democrático y un debilitamiento de las instituciones civiles del país”. Estas palabras reflejan una preocupación común entre quienes temen que la militarización de la Guardia Nacional derive en una pérdida de control civil sobre una de las áreas más sensibles de la administración pública.
Monreal: Defensa de la Reforma
Por otro lado, Ricardo Monreal ha insistido en que la reforma tiene como principal objetivo fortalecer la capacidad del Estado para combatir al crimen organizado y devolver la paz a las comunidades afectadas por la violencia.
En declaraciones recientes, Monreal señaló que “frente a lo que estamos viviendo, el Ejército y la Guardia Nacional son indispensables para lograr la tranquilidad y la estabilidad social en México”. Añadió que la Guardia Nacional, con su personal de origen militar y formación policial, será una institución clave en la ejecución de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
El morenista también destacó que el Senado será el órgano encargado de ratificar el nombramiento de los jefes superiores de la Guardia Nacional, lo que garantiza, según él, un control adecuado de la institución y un respeto por los procedimientos constitucionales. “Nosotros creemos que esta reforma es la mejor vía para garantizar que la Guardia Nacional pueda cumplir con su labor de proteger a la ciudadanía en tiempos de crisis”, concluyó.
A pesar de la firme defensa de la reforma por parte de Morena, diversas organizaciones de la sociedad civil han expresado su preocupación por el impacto que esta medida podría tener en los derechos humanos. Amnistía Internacional y otras organizaciones han señalado que la presencia de militares en tareas de seguridad pública no ha disminuido la violencia en el pasado y han llamado al Congreso a reconsiderar la reforma.
Dentro de la Cámara de Diputados, los partidos de oposición han hecho eco de estas preocupaciones. Jorge Álvarez Máynez, del partido Movimiento Ciudadano (MC), ha sido uno de los más vocales en contra de la iniciativa. “La militarización no es la solución a nuestros problemas de seguridad. Debemos reforzar las instituciones civiles y garantizar que las fuerzas de seguridad respondan a las autoridades civiles, no a mandos militares”, declaró en una reciente conferencia de prensa.
Por su parte, la diputada del PRD, Verónica Juárez, criticó que la reforma no contemple mecanismos efectivos de rendición de cuentas ni garantías claras de respeto a los derechos humanos. “Estamos hablando de una medida que tendrá repercusiones profundas en la vida democrática de nuestro país. No podemos permitir que la seguridad pública se militarice sin establecer controles claros y mecanismos de transparencia”, afirmó Juárez.
La discusión de la reforma a la Guardia Nacional promete ser uno de los temas más candentes en el Congreso esta semana. Los argumentos a favor y en contra reflejan visiones profundamente diferentes sobre cómo enfrentar la crisis de seguridad que atraviesa México. Mientras el oficialismo defiende la integración de la Guardia Nacional a la Sedena como una medida necesaria para restaurar el orden, la oposición y diversas organizaciones civiles temen que esta medida pueda ser un paso hacia la consolidación del control militar en áreas clave del gobierno.
El jueves, la Cámara de Diputados deberá tomar una decisión sobre esta reforma que por adelantado, se preveede será aprobada y marcará un antes y un después en la estrategia de seguridad del país. Una vez que la iniciativa sea discutida y votada en el Pleno, el dictamen será enviado al Senado de la República, donde se espera que también se lleve a cabo una discusión intensa antes de su posible aprobación definitiva.
