El Congreso de la Unión ha dado un paso crucial en la transformación del Poder Judicial de México. Tras la aprobación de 23 congresos estatales y la ausencia de los senadores y diputados de oposición, se ha declarado la validez constitucional de la Reforma Judicial. Este avance, parte fundamental del plan C del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido remitido al Ejecutivo federal para su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF), con lo que se formalizará la entrada en vigor de una nueva era para el sistema de justicia en el país.
¿Qué implica esta reforma?
La Reforma Judicial contempla cambios estructurales significativos en el Poder Judicial. Entre las modificaciones más relevantes, se encuentra la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que tendrá la capacidad de evaluar y sancionar a jueces, magistrados y ministros. Este nuevo órgano podrá solicitar juicios políticos y dar vista al Ministerio Público en caso de posibles delitos cometidos por los juzgadores. Además, se establece la obligación de resolver juicios relacionados con impuestos en un plazo máximo de seis meses, una medida diseñada para mejorar la eficiencia del sistema judicial en temas tributarios.
El Tribunal de Disciplina Judicial también se encargará de capacitar a los jueces y magistrados, asegurando que su desempeño se ajuste a los nuevos criterios de justicia. En caso de que un juzgador emita sentencias que no correspondan con los principios establecidos, será sometido a cursos y evaluaciones adicionales. Esta medida busca garantizar una mayor coherencia en la impartición de justicia y alinear las decisiones judiciales con las necesidades del país.
Elección directa de jueces y magistrados
Otro de los cambios más notables de la Reforma Judicial es que, por primera vez en la historia de México, los jueces, magistrados y ministros serán electos mediante voto directo por los ciudadanos. Esta medida, inédita en el país, busca democratizar el acceso a los altos cargos judiciales, eliminando el modelo actual en el que son designados por el Ejecutivo. Con la implementación de esta reforma, los actuales magistrados y jueces federales cesarán en sus funciones una vez que concluyan sus períodos.
Proceso legislativo: una jornada rápida y sin oposición
El proceso legislativo que culminó en la declaración de validez de la Reforma Judicial fue notable por su rapidez y la ausencia de los bloques opositores. El Senado de la República, sin la presencia de 42 senadores de oposición, declaró la validez de la reforma tras el voto favorable de 23 congresos estatales. Baja California, Yucatán, Campeche, Veracruz y la Ciudad de México, entre otros, aprobaron la enmienda en un tiempo récord de 58 horas.
Posteriormente, la Cámara de Diputados también dio por concluido el proceso legislativo en menos de nueve minutos, nuevamente sin la participación de los diputados del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano. Con la presencia de 263 legisladores de Morena, PT y PVEM, se realizó la sesión en la que se dio el visto bueno final a la reforma. Al concluir, los legisladores vitorearon y mostraron pancartas con mensajes como “El pueblo manda” y “Sí se pudo”, reflejando la satisfacción del bloque oficialista con la aprobación.
Críticas de la oposición
La oposición no tardó en reaccionar, criticando la forma en que se llevó a cabo el proceso legislativo. Representantes del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron que no se respetaron los estándares mínimos de deliberación democrática, vulnerando el derecho de las minorías parlamentarias. Además, señalaron que la reforma fue aprobada de manera apresurada y sin el análisis necesario, lo que podría tener consecuencias negativas para el sistema judicial en el futuro.
Pese a estas críticas, la presidenta de la Comisión de Puntos Constitucionales del Senado, Ernestina Godoy, defendió el proceso y aseguró que la reforma es plenamente constitucional. Añadió que la suspensión de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, solicitada por algunos sectores de la oposición, es “notoriamente improcedente”, ya que las reformas constitucionales no admiten impugnaciones de este tipo.
Una vez que el Ejecutivo Federal publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación, se espera que entre en vigor el 16 de septiembre, dando inicio a una nueva etapa en el sistema judicial mexicano. La implementación de esta reforma marcará un antes y un después en la manera en que se administra la justicia en el país, con mayores controles sobre los jueces y magistrados, así como un enfoque más cercano a la ciudadanía.
Este cambio representa uno de los pilares de la transformación impulsada por el presidente López Obrador, quien ha señalado en repetidas ocasiones la necesidad de democratizar el Poder Judicial y garantizar una justicia más equitativa y accesible para todos los mexicanos. Con la Reforma Judicial, México se encamina hacia un sistema judicial más transparente y con mayor participación ciudadana.
