Lo que debía ser una protesta pacífica en la explanada de la Alcaldía de Xochimilco el pasado 5 de septiembre, terminó en un episodio violento que ha capturado la atención de las autoridades y la sociedad. Un grupo de manifestantes, que buscaba expresar su descontento ante las problemáticas locales, fue atacado por personas que irrumpieron en el lugar, desatando una serie de eventos que aún están bajo investigación.
La Secretaría de Gobierno y la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) han ofrecido diversas declaraciones sobre el tema. A través de una tarjeta informativa emitida por el Gobierno de la Ciudad de México, se presentó una reconstrucción de los hechos y se detallaron las investigaciones en curso para aclarar lo ocurrido.
La agresión a los manifestantes: el detonante
El hecho más grave de la jornada fue la agresión perpetrada por un grupo de individuos que golpearon a los manifestantes que se encontraban pacíficamente en la explanada de la alcaldía. Martí Batres, Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, fue claro en su postura al respecto: “No tenemos denuncias formales en contra de estas personas, pero hemos solicitado a la Fiscalía General de Justicia que abra una investigación por noticia criminal”.
Batres destacó que, aunque las víctimas aún no han presentado denuncias, la Fiscalía puede iniciar una carpeta de investigación por lesiones. Además, invitó a las personas agredidas a formalizar sus denuncias para sumar elementos a la investigación. “El punto nodal en el que estamos insistiendo es en la identificación y sanción de los agresores”, subrayó.
El papel de las autoridades locales
Un aspecto central en la narrativa de los hechos es la posible omisión por parte de los policías auxiliares contratados por la alcaldía de Xochimilco. Durante la agresión, según los testimonios de varios manifestantes, los elementos de seguridad no intervinieron para detener los ataques. Esto ha provocado que se abriera una línea de investigación por negación del servicio público.
El Secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez Camacho, respaldó esta medida y afirmó que la SSC abrió una carpeta administrativa interna en la Dirección General de Asuntos Internos para investigar el actuar de los policías auxiliares. “No habrá tolerancia a conductas contrarias a los protocolos de actuación policial. Estamos trabajando con la Fiscalía para aclarar este punto”, señaló Vázquez Camacho, quien también enfatizó que la SSC rechaza cualquier tipo de violencia.
Otras investigaciones abiertas
Los eventos en Xochimilco han generado la apertura de varias líneas de investigación, algunas de las cuales tienen que ver con el uso excesivo de la fuerza pública. Este punto ha sido particularmente delicado, ya que durante el traslado de personas detenidas a la Agencia del Ministerio Público de Tlalpan, un grupo de manifestantes intentó irrumpir en las instalaciones, lo que desató un enfrentamiento con la policía.
Martí Batres confirmó que la investigación sobre estos hechos ya está en marcha y que se analizará si hubo abuso de autoridad por parte de los agentes. “Se trata de evaluar si se respetaron los protocolos de uso de la fuerza y si hubo excesos en el resguardo del Ministerio Público”, detalló.
Además, Batres mencionó que el Director Jurídico y de Gobierno de la Alcaldía de Xochimilco presentó una denuncia por lesiones en su contra, lo que ha generado una nueva carpeta de investigación. Estas denuncias y las investigaciones derivadas buscan arrojar luz sobre la serie de hechos que ocurrieron desde la agresión inicial hasta la intervención policial.
Rumores y desinformación
Durante los hechos del 5 de septiembre, surgieron diversos rumores en redes sociales y medios de comunicación sobre la desaparición de personas, lo que generó alarma entre los familiares de los manifestantes. Sin embargo, Martí Batres desmintió estas versiones, asegurando que la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México verificó que no hubo desapariciones.
“Hubo rumores que se esparcieron rápidamente, pero pudimos localizar a todas las personas detenidas. Ninguna está desaparecida”, aseguró Batres. En cuanto al trato a una periodista que fue detenida, el Jefe de Gobierno mencionó que se activó un área especial de apoyo para garantizar que no hubiera violaciones a sus derechos humanos. “Nos mantuvimos en contacto con sus familiares y con la periodista misma para asegurarnos de que se respetaran sus derechos”, agregó.
Compromiso con los derechos humanos
Tanto el gobierno de la Ciudad de México como la Secretaría de Seguridad Ciudadana han reiterado su compromiso con los derechos humanos. Según Pablo Vázquez Camacho, la Dirección General de Derechos Humanos de la SSC ha mantenido un contacto constante con las instituciones y organismos defensores de derechos humanos para garantizar el seguimiento adecuado a las quejas y denuncias que surjan en los próximos días.
“Seguimos trabajando en coordinación con las instituciones garantes de derechos humanos para atender todas las solicitudes de información respecto a lo sucedido en Xochimilco”, destacó Vázquez Camacho.
Próximos pasos: Justicia y diálogo
El gobierno de la Ciudad de México ha enfatizado que no habrá impunidad en este caso. Martí Batres fue enfático al afirmar que las investigaciones seguirán hasta llegar a fondo, tanto en la identificación de los agresores como en la posible omisión de los policías auxiliares. “Queremos que las personas responsables de estos actos enfrenten las consecuencias de sus acciones”, declaró.
Además, se espera que las denuncias formales de las personas afectadas por la agresión fortalezcan las investigaciones que ya están en curso. El gobierno ha reiterado su llamado a la ciudadanía para que, en caso de haber sido víctimas, presenten sus denuncias lo antes posible.
El caso de Xochimilco es un recordatorio de las tensiones que existen entre los habitantes de la Ciudad de México y sus autoridades. La clave para superar esta situación, según el Jefe de Gobierno, será el diálogo abierto y el respeto mutuo. “Vamos a seguir trabajando para garantizar que todas las voces sean escuchadas y que los derechos de los ciudadanos sean respetados”, concluyó Batres.