Los abuelos decían “piensa mal y acertarás”, quizás por eso el miedo de que el gobierno pueda bajo su criterio y con la bandera de ser de interés público, expropiar propiedades privadas con más facilidad. Y es que así como actualmente se puede talar una selva, tomar inmuebles del narco o perseguir mafias inmobiliarias, es que si el gobierno capitalino lo considera necesario, es que podrá tomar posesión de un bien privado.
El reciente cambio al artículo tercero de la Constitución de la Ciudad de México ha generado un intenso debate y especulaciones sobre el futuro de la propiedad privada en la capital, pero al analizar a fondo la modificación aprobada, queda claro que el cambio no elimina este derecho, sino que lo ajusta a lo establecido por el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM).
¿Qué cambió en la Constitución de la CDMX?
El 2 de septiembre, el gobierno de la Ciudad de México, liderado por Martí Batres, oficializó el decreto que modifica el artículo 3 de la Constitución local para alinearlo con los principios del artículo 27 de la Constitución federal. Esta modificación ha causado preocupación debido a la interpretación de algunos sectores, que aseguran que el Estado ahora tiene mayor facilidad para expropiar propiedades.
La esencia del cambio radica en ajustar la definición de la propiedad privada en la capital para que sea congruente con el marco federal. Antes de la modificación, la Constitución de la Ciudad de México mencionaba el “respeto a la propiedad privada” sin detallar los límites y regulaciones que establece el artículo 27 de la CPEUM, lo que según algunos legisladores, podía prestarse a interpretaciones que afectaran el interés público.
El artículo 27 de la Constitución mexicana establece que la propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro del territorio nacional pertenece originalmente a la nación. Es la nación la que tiene el derecho de transmitir el dominio de estas tierras a los particulares, constituyendo así la propiedad privada. Además, este artículo también señala que la nación tiene el derecho de imponer a la propiedad privada las modalidades que dicte el interés público y regular el aprovechamiento de los recursos naturales.
La modificación al artículo 3 de la Constitución de la Ciudad de México simplemente establece que la propiedad privada en la capital será regida por los mismos términos que dicta el artículo 27 de la Constitución federal. Esto significa que, si bien la propiedad privada es un derecho garantizado, está sujeta a ciertas condiciones en casos de utilidad pública, como sucede en el resto del país.
Expropiaciones: ¿Qué cambia con esta modificación?
Uno de los temas que más ha generado preocupación es el temor de que con esta reforma sea más fácil para el gobierno expropiar propiedades privadas, sin embargo, la realidad es que los mecanismos de expropiación no han cambiado. El artículo 27 establece que la propiedad privada no puede ser expropiada sin una causa de utilidad pública, y que en cualquier caso, debe haber una indemnización justa para los propietarios afectados.
Javier Martín Reyes, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, explica que la expropiación por utilidad pública sigue siendo un proceso que debe estar debidamente justificado y que no se ha modificado con la reciente reforma.
“El artículo 27 de la Constitución señala con claridad que ninguna propiedad puede ser expropiada sin una causa justificada de utilidad pública y mediante una indemnización. La reforma simplemente alinea el concepto de propiedad en la Ciudad de México con este precepto, que es el estándar en todo el país.”
Posturas a favor y en contra
Para algunos legisladores, la reforma es un avance necesario para garantizar que el desarrollo de la ciudad esté alineado con el interés público. Martí Batres, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, celebró la aprobación de la reforma, señalando que garantiza tanto el respeto a la propiedad privada como la capacidad del Estado de velar por el bien común.
“Esta reforma no elimina la propiedad privada. Lo que hace es asegurar que el desarrollo urbano y el uso de la tierra se lleven a cabo con un enfoque social, priorizando el bienestar de la ciudad y de sus habitantes”, comentó Batres.
Por su parte el diputado Jesús Sesma, presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Congreso de la CDMX, aclaró que la modificación previene interpretaciones en contra del interés público por parte del Poder Judicial y alinea la Constitución local con la federal para proteger tanto el interés común como la propiedad privada.
Sin embargo no todos comparten esta visión. Diego Garrido, diputado del PAN, expresó que aunque la reforma fue modificada en su redacción final para evitar introducir el concepto de “propiedad social”, sigue habiendo preocupación entre algunos sectores sobre el posible mal uso de las facultades del Estado.
“Si bien logramos evitar que se introdujera la figura de propiedad social, que habría abierto la puerta a más expropiaciones, sigue siendo importante vigilar que el gobierno no abuse de la interpretación de utilidad pública para tomar decisiones arbitrarias con respecto a la propiedad privada”, señaló Garrido.
Impacto en la Ciudad de México
La reforma ha generado un amplio debate sobre el equilibrio entre el derecho a la propiedad privada y el interés público en una ciudad en constante crecimiento. En la capital, donde el desarrollo urbano y los conflictos por la tierra son comunes, garantizar que ambos principios coexistan es crucial.
Jorge Gaviño, exdiputado y experto en temas de desarrollo urbano, considera que la reforma es un paso necesario para asegurar que la Ciudad de México pueda seguir creciendo de manera ordenada y equitativa, sin dejar de proteger los derechos de los propietarios.
“El verdadero reto está en cómo el gobierno utiliza estas facultades. La reforma no cambia las reglas del juego en cuanto a expropiaciones, pero es importante que exista transparencia en los casos en los que se declare una causa de utilidad pública”, comentó Gaviño.
La reacción pública y las redes sociales
En redes sociales, el debate sobre la reforma ha sido intenso. Muchos usuarios expresaron su preocupación por la posibilidad de que el gobierno expropie inmuebles de forma más sencilla, mientras que otros defendieron la necesidad de que el Estado tenga herramientas para regular el desarrollo urbano en beneficio de todos.
Uno de los puntos de confusión más comunes es la interpretación errónea de que la reforma otorga al gobierno la propiedad de todas las tierras de la Ciudad de México, sin embargo, como han aclarado varios expertos, esto no es cierto. La reforma simplemente reafirma el principio de que la nación tiene el dominio original sobre la tierra, pero que la propiedad privada sigue siendo un derecho garantizado, sujeto a las regulaciones establecidas en la Constitución.
