En medio del debate sobre la propuesta de reforma que busca eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), la Organización de las Naciones Unidas (ONU) ha emitido una solicitud urgente al gobierno de México para reconsiderar esta decisión. La medida, que se discute actualmente en la Cámara de Diputados, ha generado preocupación tanto a nivel nacional como internacional por sus posibles implicaciones en los derechos fundamentales de los ciudadanos mexicanos.
Las relatoras de la ONU para el Derecho a la Privacidad, Ana Brian Nougrères, y la especial sobre la promoción y protección del Derecho a la Libertad de Opinión y de Expresión, Irene Khan, han expresado en una misiva su profunda preocupación por la posible desaparición del INAI. Según las expertas, el Instituto ha jugado un papel crucial en empoderar a la ciudadanía mexicana para controlar su información personal en una era de tecnologías disruptivas que influyen en todas las esferas de la actividad humana.
“El INAI ha empoderado a la ciudadanía mexicana para que conozca cómo controlar su información personal en una era en la que las tecnologías disruptivas rodean toda nuestra actividad humana”, subrayaron las relatoras.
El llamado de la ONU subraya que eliminar el INAI sin establecer mecanismos alternativos integrales que garanticen la transparencia, el acceso a la información y la protección de datos personales, podría debilitar gravemente la rendición de cuentas y el ejercicio democrático en México. Las relatoras señalaron que la fragmentación de las funciones del INAI, al transferirlas a instituciones dependientes del Estado, socavaría la independencia necesaria para proteger estos derechos fundamentales.
Dictamen en la Cámara de Diputados a un paso hacia la incertidumbre
El dictamen que propone la eliminación del INAI fue aprobado en la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados y ha sido objeto de críticas por parte de diversos sectores de la sociedad. Este dictamen no especifica claramente dónde recaerían las competencias del INAI, lo que ha generado una gran incertidumbre sobre cómo se garantizarán los derechos de privacidad y acceso a la información en el país.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos en México advirtió que la propuesta de reforma no es explícita en cuanto a las nuevas responsabilidades que asumirían las instituciones que reemplazarían al INAI, lo que podría llevar a una aplicación inconsistente de las leyes de protección de datos personales.
“La iniciativa de reforma entregada por el Poder Ejecutivo no es explícita respecto de dónde recaen las competencias del INAI y solo atomiza sus funciones para que sean desempeñadas por instituciones dependientes del Estado en un claro retroceso al proceso democrático”, alertaron los representantes de la ONU.
Impacto en la transparencia y la protección de datos
La eliminación del INAI sin un plan claro para la reasignación de sus funciones podría tener un impacto negativo en la transparencia gubernamental y en la protección de datos personales. La propuesta de que las secretarías de la Función Pública y los órganos internos de control asuman las competencias del INAI ha sido recibida con escepticismo, ya que estas entidades no gozan de la autonomía necesaria para garantizar una aplicación imparcial y efectiva de las leyes de transparencia.
Los expertos de la ONU han destacado que la fragmentación de las competencias del INAI podría resultar en injerencias arbitrarias o ilegales en la privacidad de los ciudadanos, lo que violaría el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ratificado por México en 1981. Además, esta fragmentación podría conducir a una falta de coherencia en la protección de los datos personales, aumentando la vulnerabilidad de la información privada de los ciudadanos.
“La desaparición del INAI y la fragmentación de sus competencias podría debilitar la protección de la privacidad, ya que la fragmentación de responsabilidades puede conducir a una falta de coherencia y eficacia en la aplicación de las leyes de protección de datos personales”, advirtieron las relatoras de la ONU.
Ante este escenario, la ONU ha instado al gobierno mexicano a reconsiderar la decisión de eliminar el INAI. Las relatoras han ofrecido su apoyo técnico para explorar mecanismos alternativos que puedan garantizar la transparencia, el acceso a la información y la protección de la privacidad en México sin comprometer la independencia de los órganos encargados de estas funciones.
El llamado de la ONU destaca la importancia de mantener la autonomía del INAI como un baluarte de la democracia y un mecanismo esencial para la rendición de cuentas en el país. Las relatoras subrayan que cualquier cambio en la estructura del INAI debe hacerse con cautela y con un enfoque en la preservación de los derechos fundamentales de los ciudadanos.
“Instamos al gobierno a reconsiderar la decisión de eliminar el INAI y las medidas conducentes a dicha supresión, así como a explorar mecanismos alternativos comprehensivos y transversales para garantizar la transparencia, el acceso a la información y la privacidad de la ciudadanía”, afirmaron.
Reacciones en México
En México, la propuesta de eliminar el INAI ha generado un intenso debate. Diversos sectores de la sociedad civil, organizaciones de derechos humanos, académicos y periodistas han expresado su preocupación por las implicaciones de esta medida. La transparencia y el acceso a la información han sido herramientas clave para la lucha contra la corrupción y para la participación ciudadana en la vida pública.
Los defensores del INAI argumentan que su eliminación representaría un retroceso significativo en los avances logrados en materia de transparencia y protección de datos personales. Además, señalan que la falta de un órgano autónomo que supervise estas áreas podría llevar a una mayor opacidad en el gobierno y a la erosión de la confianza pública en las instituciones.
Por otro lado, algunos sectores del gobierno han defendido la propuesta argumentando que busca simplificar la estructura burocrática y mejorar la eficiencia en la administración pública, sin embargo, los críticos señalan que estos objetivos no deben lograrse a costa de la transparencia y la protección de los derechos fundamentales.
