En un ambiente cargado de tensión y expectativa, la Cámara de Diputados se prepara para discutir la reforma judicial, uno de los temas más controversiales en la agenda política actual. En este contexto, Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena, ha tomado la decisión de pausar las medidas legales en contra de dos jueces que, según miembros de su partido, han intentado frenar los cambios constitucionales mediante amparos judiciales.
La controversia surgió cuando los jueces Martha Eugenia Magaña López y Felipe Consuelo Soto emitieron resoluciones que, según algunos legisladores de Morena, fueron un intento de bloquear el avance de la reforma judicial en la Cámara de Diputados. Ante esta situación, surgieron propuestas dentro del partido para iniciar procesos legales en contra de estos jueces, incluyendo juicios políticos, denuncias penales y quejas ante la Judicatura Federal.
En una entrevista reciente, Ricardo Monreal, líder de Morena en San Lázaro, se pronunció a favor de pausar cualquier acción en contra de los jueces, argumentando que es momento de actuar con prudencia y tolerancia.
“Yo soy de la idea personal, no es una posición de grupo, sino es un asunto de carácter personal, que no llevemos a cabo todavía eso. Que esperemos y que actuemos con tolerancia, pero ese es un asunto personal, no de grupo, y yo les he pedido que esperemos. Creo que en estos momentos la prudencia y la tolerancia ayudan al país”, expresó Monreal.
Las tensiones en torno a la reforma judicial
La reforma judicial, que se encuentra en la fase final de discusión en la Cámara de Diputados, ha generado un intenso debate no solo por su contenido, sino por la forma en que se han manejado los procedimientos judiciales para intentar detener su avance. La reforma propone cambios profundos en la estructura y funcionamiento del Poder Judicial, incluyendo la elección de jueces, magistrados y ministros mediante voto popular, un aspecto que ha sido fuertemente criticado por la oposición.
En las horas previas a la votación, Monreal hizo un llamado a evitar un “fast track” en cualquier juicio político, enfatizando la necesidad de actuar con responsabilidad y respeto hacia las instituciones judiciales.
“No habrá fast track en ningún juicio político”, afirmó Monreal, dejando claro que, aunque las opciones legales están sobre la mesa, no se procederá de manera precipitada.
Además de la pausa en las medidas legales contra los jueces, Monreal también dejó en el aire la posibilidad de ajustes al dictamen de la reforma judicial. Aunque un grupo de trabajo de 15 diputados, liderado por la ministra en retiro Olga Sánchez Cordero, ha estado revisando posibles cambios, hasta el momento no hay claridad sobre si se realizarán modificaciones significativas antes de la votación final.
La complejidad de la reforma ha generado preocupaciones sobre aspectos como la presentación de las boletas electorales, que podrían incluir hasta 25 nombres en el caso de la Ciudad de México, lo que algunos consideran podría complicar el proceso electoral y prejuzgar la elección al incluir el poder que propone a cada candidato.
Monreal comentó que se sigue evaluando cómo simplificar la presentación y votación de estas boletas, pero evitó comprometerse a cambios específicos antes de la sesión legislativa.
“Se está todavía revisando para ver si se simplifica o se hace más fácil la forma de presentarlo y la forma de votarlo”, indicó Monreal.
Grupo de trabajo
El grupo de trabajo, que incluye a figuras como Sánchez Cordero, Mariana Benítez, Leonel Godoy, Julio César Moreno y Alfonso Ramírez Cuéllar, ha estado analizando las posibles mejoras al dictamen. Entre las propuestas más destacadas se encuentran ajustes en los requisitos para los aspirantes a jueces, como la consideración de promedios de calificación y cartas de recomendación de vecinos, detalles que algunos consideran deben precisarse en la legislación secundaria.
Sánchez Cordero ha señalado que su objetivo es mejorar la idoneidad de los perfiles de los candidatos y asegurar un proceso de selección más transparente y justo. Por su parte, el diputado Leonel Godoy ha comentado que las propuestas de ajustes de Sánchez Cordero son tanto de procedimiento como de contenido sustantivo y que buscan abordar los “bemoles” que el dictamen actual presenta.
Presupuesto y logística para la elección de jueces
Otro aspecto que ha generado debate es el financiamiento y la logística para llevar a cabo la elección de jueces, magistrados y ministros en junio de 2025. Reginaldo Sandoval, líder de la bancada del PT, ha rechazado que existan problemas presupuestales para concretar la elección, afirmando que los 23 mil millones de pesos disponibles en los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación serán suficientes para cubrir los costos.
“No tenemos dificultad en el tema de presupuesto, porque estamos considerando en la propia reforma a los cerca de 23 mil millones que están en los fideicomisos del Poder Judicial de la Federación”, señaló Sandoval.
El proceso de reforma judicial y las tensiones en torno a las medidas legales contra los jueces han puesto de manifiesto la complejidad del momento político que vive México. Con la votación inminente en la Cámara de Diputados, las decisiones que se tomen en las próximas horas serán cruciales para definir el rumbo del Poder Judicial en los próximos años.
La pausa en los juicios políticos propuesta por Monreal refleja un intento de mantener la estabilidad en medio de la controversia, pero también plantea preguntas sobre cómo se resolverán las tensiones entre los poderes Legislativo y Judicial en un contexto donde la política y la justicia parecen estar cada vez más entrelazadas.
En cualquier caso, el desarrollo de esta situación será clave para entender las dinámicas del poder en México y el futuro de las reformas que buscan transformar el sistema judicial del país.
