La discusión sobre la reforma al Poder Judicial Federal (PJF) continúa generando divisiones en el Congreso de la Unión. La LXVI Legislatura, recién instalada, ha comenzado con un fuerte desacuerdo entre las diversas fuerzas políticas, reflejando la complejidad de los cambios propuestos en el sistema judicial del país.
La reforma al PJF, promovida por la mayoría oficialista, tiene como objetivos principales la reducción del número de ministros en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de 11 a 9, y un cambio radical en la forma en que se eligen jueces, magistrados y ministros, pasando a un sistema de voto popular. Esta propuesta ha generado un intenso debate sobre las implicaciones que podría tener en la independencia judicial y el equilibrio de poderes en México.
El pasado 1 de septiembre, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó el dictamen de la reforma, allanando el camino para que el pleno lo discuta y vote. Sin embargo, la situación se complicó cuando dos jueces emitieron una suspensión que bloqueó temporalmente el proceso legislativo, argumentando que la reforma podría vulnerar derechos fundamentales.
La respuesta a esta suspensión judicial no se hizo esperar. En la primera sesión ordinaria de la legislatura, los diputados del PRI decidieron abandonar el recinto en señal de protesta. Rubén Moreira, coordinador de la bancada priista, afirmó: “No podemos ir a una sesión de debate porque hay una suspensión de dos jueces y nosotros nos vamos a retirar de esta sesión”. Este gesto, aunque simbólico, refleja el profundo desacuerdo de la oposición con la forma en que el oficialismo ha manejado la reforma.
Por su parte, Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, criticó duramente la suspensión, calificándola de “improcedente” y alegando que “se viola flagrantemente el principio legal”. Monreal afirmó que “no admitimos la tiranía de la toga y el birrete de jueces incompetentes”, sugiriendo que los jueces podrían enfrentar consecuencias como juicios políticos o denuncias penales por sus acciones.
En contraste, el diputado Ricardo Mejía Berdeja, del PT, fue aún más contundente al calificar las suspensiones judiciales como “seudosuspensiones jurídicas” y prometió que “ningún juez corrupto o cínico podrá frenar el ánimo de transformación”. Esta postura refleja la determinación del oficialismo de avanzar con la reforma, pese a las barreras legales que puedan surgir.
La oposición, representada por las bancadas del PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, ha manifestado su preocupación por las posibles consecuencias de la reforma. Agustín Rodríguez, del PAN, instó a suspender el procedimiento y destacó las crecientes protestas de estudiantes, abogados y trabajadores del Poder Judicial que rechazan la reforma. Clemente Castañeda, de Movimiento Ciudadano, advirtió que la reforma podría “inaugurar una autocracia constitucional” y llamó al oficialismo a reconsiderar su postura.
Marcela Guerra, del PRI, subrayó que su bancada votará a favor de las reformas que beneficien al país, pero rechazarán aquellas que consideren perjudiciales. Esta declaración resalta la estrategia de su partido de colaborar en temas específicos, pero mantener una postura crítica frente a las reformas que consideren peligrosas para la democracia.
Desde el oficialismo, los discursos han sido unánimes en defender la necesidad de transformar el Poder Judicial. Reginaldo Sandoval, del PT, afirmó que no darán marcha atrás en su decisión de “transformar al Poder Judicial”, mientras que Carlos Puente, del Partido Verde, aseguró que trabajarán con “responsabilidad y compromiso” en apego al mandato popular.
Ignacio Mier, de Morena, llamó a todas las fuerzas políticas a “dejar a un lado los intereses personales o de grupo” y a ponerse del lado del pueblo. Este llamado refleja la narrativa del oficialismo de que la reforma al PJF es un mandato del pueblo, que debe ser cumplido a pesar de las dificultades.
La Sesión Ordinaria y el Futuro de la Reforma
En la sesión ordinaria, la presidenta del Congreso de la Unión, Ifigenia Martínez, reafirmó que “el Congreso de la Unión es el poder a través del cual el pueblo ejerce su soberanía” y que su obligación es “hacer valer y respetar en todo momento la Constitución”. Este mensaje resuena con la postura del oficialismo de que las suspensiones judiciales no deben detener el proceso legislativo.
A pesar de la oposición, la mayoría oficialista, compuesta por Morena, PT y Verde, ha dejado claro que no detendrá el avance de la reforma. La Declaratoria de Publicidad del dictamen de reforma constitucional al PJF fue anunciada y se espera que la discusión y aprobación en lo general se lleve a cabo este martes 3 de septiembre, seguida por la aprobación en lo particular el miércoles 4 de septiembre.
La reforma al PJF no solo redefine la estructura y funcionamiento del sistema judicial en México, sino que también pone a prueba la capacidad del Congreso para actuar frente a las decisiones judiciales que buscan frenar su avance. La controversia que rodea esta reforma es un reflejo de las tensiones políticas que caracterizan el actual panorama legislativo en el país. Las decisiones que se tomen en los próximos días no solo impactarán al Poder Judicial, sino que también marcarán un precedente en la relación entre los poderes del Estado y el respeto a la Constitución.
