Este 29 de agosto de 2024, se llevó a cabo la instalación formal de la LXVII Legislatura de la Cámara de Senadores, evento que lejos de cumplir con una mera formalidad, estuvo marcado por la controversia y el desconcierto. Dos de los senadores que rindieron protesta lo hicieron bajo la sombra de órdenes de aprehensión vigentes, lo que ha desatado un debate intenso sobre la integridad y la honestidad en la política mexicana.
En la sesión constitutiva de la Cámara Alta, presidida por la mesa de decanos encabezada por el veterano político Manlio Fabio Beltrones Rivera, del PRI, arrancó con la toma de protesta de los 128 senadores que estarán en funciones durante los próximos seis años; sin embargo, el ambiente estaba cargado de tensión, pues poco antes del inicio de la sesión, personal de la Fiscalía General del Estado de Chihuahua se presentó en el recinto para entregar un oficio a la mesa directiva, informando sobre una orden de aprehensión contra Javier Corral Jurado, exgobernador de Chihuahua, por el delito de peculado agravado.
A pesar de esta situación, Corral, ahora senador por Morena, procedió a rendir protesta junto con el resto de los legisladores. De manera similar, el senador del PAN por Veracruz, Miguel Ángel Yunes Márquez, también prestó juramento, aunque enfrenta una orden de aprehensión y una ficha roja de búsqueda internacional.
La presencia de ambos legisladores en el Senado ha generado un gran revuelo y cuestionamientos sobre la credibilidad del sistema político y la capacidad del Senado para actuar como un órgano legislativo confiable.
Tras la toma de protesta, la Junta de Coordinación Política (Jucopo), liderada por Adán Augusto López Hernández, coordinador de Morena, propuso la conformación de la nueva mesa directiva del Senado, que fue aprobada por unanimidad. La mesa directiva quedó conformada de la siguiente manera:
Presidencia:
- Gerardo Fernández Noroña (Morena)
Vicepresidencias:
- Imelda Castro (Morena)
- Mauricio Vila (PAN)
- Karla Toledo (PRI)
Secretarías:
- Verónica Camino Farjat (Morena)
- Jasmine Bugarín (PVEM)
- Luis Donaldo Colosio Riojas (MC)
- Lizeth Sánchez García (PT)
Este arreglo, que incluye a representantes de todos los partidos con presencia en el Senado, refleja la diversidad política, pero también la necesidad de alianzas estratégicas para asegurar el control legislativo.
Las Reacciones: Polémica y Defensa
El nombramiento de Gerardo Fernández Noroña como presidente del Senado no pasó desapercibido. Conocido por su estilo polémico y su retórica incendiaria, Fernández Noroña no tardó en defender a Javier Corral, afirmando que estará “a buen resguardo” mientras se resuelve su situación legal.
“Javier Corral estará a buen resguardo ante esta orden de aprehensión y de aquí al 1 de septiembre en que esta nueva legislatura entra en funciones”, declaró Noroña, en lo que fue interpretado por muchos como un intento de desviar la atención de las graves acusaciones que enfrenta Corral.
Por su parte, Javier Corral, visiblemente tranquilo, aseguró tener “la conciencia limpia y la frente en alto”. El exgobernador atribuyó las acusaciones en su contra a una vendetta política orquestada por sus enemigos, quienes según él, no toleran su postura crítica dentro del propio PAN y ahora en Morena. “Esta es una maniobra desesperada para frenar mi trabajo legislativo, pero no me intimidarán”, sentenció Corral.
Miguel Ángel Yunes Márquez, por otro lado, optó por una estrategia más discreta, evitando declaraciones directas sobre su situación legal y enfocándose en su agenda legislativa; pero sus colegas del PAN, no pudieron evitar expresar su malestar por la situación. “Es inaceptable que dos de nuestros compañeros asuman su cargo bajo estas circunstancias. Esto debilita la confianza en nuestras instituciones”, comentó un senador panista que pidió no ser identificado.
Un Senado en el Ojo del Huracán
La instalación del nuevo Senado bajo estas circunstancias ha puesto en el centro del debate la integridad de las instituciones mexicanas. La presencia de legisladores con órdenes de aprehensión plantea preguntas fundamentales sobre la calidad de la representación política en México y la capacidad de las autoridades para hacer cumplir la ley de manera imparcial.
Analistas políticos coinciden en que este episodio es un reflejo de la crisis de confianza que atraviesa el sistema político mexicano. “Estamos ante una situación sin precedentes. La legitimidad del Senado se ve comprometida cuando permite que personas con acusaciones tan graves asuman un cargo público. Esto envía un mensaje devastador sobre la impunidad en el país”, opinó la politóloga Denise Dresser en una entrevista reciente.
El gobierno federal, encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha evitado hacer comentarios sobre el caso.
Mientras tanto, los partidos de oposición ya han anunciado que recurrirán a todas las instancias legales posibles para exigir que los senadores con órdenes de aprehensión no participen en las sesiones legislativas hasta que se aclare su situación jurídica. El coordinador de la bancada del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, fue categórico al respecto: “No podemos permitir que el Senado se convierta en refugio de quienes están huyendo de la justicia”.
La instalación del nuevo Senado mexicano bajo la sombra de la controversia legal de dos de sus miembros es un recordatorio de los desafíos que enfrenta la democracia en el país. La pregunta que muchos se hacen es: ¿Dónde quedó la honestidad? La respuesta, al menos por ahora, parece ser que la integridad de las instituciones depende tanto de la voluntad política como del cumplimiento efectivo de la ley.
Con una legislatura que apenas comienza y con la atención pública fijada en estos casos, el Senado tendrá que demostrar que está dispuesto a actuar con transparencia y responsabilidad. Los próximos meses serán cruciales para observar si las promesas de honestidad y cambio se materializan o si, por el contrario, las viejas prácticas de impunidad y opacidad continúan prevaleciendo.
