El proceso electoral de 2024 ha llegado a su fin con la confirmación de una super mayoría a favor de la coalición conformada por Morena, el Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM). Por mayoría de votos, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha validado la asignación de 364 diputaciones a estos partidos, lo que representa el 73.8% de la Cámara de Diputados, logrando así una representación contundente con un 58% de los votos emitidos.
La presidenta del Tribunal, Mónica Soto, subrayó que este resultado no implica un “robo de votos” ni que la democracia esté en riesgo. En su intervención, Soto defendió la integridad del proceso, destacando que el Tribunal actuó con profesionalismo y apego a los principios legales, pese a las críticas y presiones externas, e incluso amenazas personales e institucionales. Soto aseguró que el Tribunal se mantuvo firme en su labor de juzgar con libertad y conforme a derecho, garantizando un cierre justo y transparente del proceso electoral.
Durante la sesión, la magistrada Janine Otálora propuso una alternativa para la asignación de las curules, sugiriendo que se repartieran de acuerdo al porcentaje de votos obtenidos por cada partido en lugar de seguir el convenio de coalición. Según Otálora, esta super mayoría podría reducir la representación de las minorías y limitar la pluralidad, un pilar fundamental de la democracia. A pesar de su propuesta, la mayoría de los magistrados optó por mantener la asignación basada en el convenio de coalición.
El magistrado Felipe Fuentes Barrera respaldó el proyecto de sentencia de su colega Felipe De la Mata, argumentando que el Tribunal debía respetar las reglas preestablecidas y no actuar como “correctores” de la voluntad ciudadana. Según Fuentes Barrera, las normas y precedentes del proceso electoral ya estaban claros, y cualquier modificación posterior podría comprometer la certeza del resultado.
El magistrado Reyes Rodríguez, por su parte, justificó su voto a favor de la super mayoría al explicar que la ley debe interpretarse de manera estricta, sin influencias externas o incentivos que puedan desvirtuar la independencia judicial.
Al finalizar la sesión, la presidenta Mónica Soto ofreció una respuesta clara a las preocupaciones expresadas en redes sociales y por diversos académicos, reafirmando que no hubo robo de votos ni fragmentación de los mismos, y que la democracia mexicana se encuentra fortalecida con este resultado.
Con esta decisión, el TEPJF ha cerrado oficialmente el proceso electoral de 2024, estableciendo un precedente importante para futuras contiendas electorales en México.
