Estos serán los últimos días del gobierno de la transformación y por lo visto serán polémicos como todo el sexenio. Con la reforma judicial propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador han crecido la ola de críticas y comentarios no solo en México, sino también a nivel internacional, involucrando a actores como el diario estadounidense The Washington Post y el embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar. Este debate resalta la complejidad de los cambios propuestos y las implicaciones que podrían tener en la independencia del poder judicial y las relaciones internacionales de México, especialmente con sus socios norteamericanos.
El Washington Post recientemente publicó un editorial donde expresa su preocupación por la propuesta de que los miembros del sistema judicial federal, incluyendo a los jueces de la Suprema Corte, sean elegidos por voto popular. Según el diario, esta medida podría poner en riesgo la independencia judicial y el Estado de Derecho en México, alertando sobre una “atemorizante expansión de la lista de delitos por los que el gobierno puede imponer prisión preventiva mandatoria”, una práctica que, según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, violaría los derechos humanos.
Dentro de México, las reacciones no se han hecho esperar. Trabajadores del Poder Judicial de la Federación han marchado en varias ocasiones para expresar su rechazo a la reforma, destacando la necesidad de mantener un sistema judicial que se base en la carrera judicial y no en elecciones populares, lo que podría afectar la imparcialidad de los jueces. Figuras como el juez Juan Pablo Gómez Fierro, conocido por sus fallos en contra de proyectos del gobierno actual, han sido vocales en su oposición.
La postura de López Obrador y Sheinbaum
El presidente López Obrador ha defendido su propuesta argumentando que busca eliminar la corrupción dentro del sistema judicial, que, según él, es disfuncional y corrupto. Sin embargo, esta posición ha sido cuestionada por diversos sectores que ven en la reforma un riesgo para la independencia del poder judicial. La presidenta electa, Claudia Sheinbaum, ha apoyado la propuesta de López Obrador, lo que ha generado preocupaciones sobre su capacidad para actuar de manera independiente una vez asuma el poder.
A pesar de las críticas, López Obrador ha asegurado que no discutirá la reforma con el embajador estadounidense, manteniendo que es un asunto que solo compete a los mexicanos. Sin embargo, Ken Salazar ha expresado su disposición a dialogar sobre la reforma, enfatizando la importancia de un poder judicial fuerte y libre de corrupción política, especialmente en un país donde los cárteles de droga podrían beneficiarse de un sistema judicial débil.
La reforma no solo ha provocado tensiones internas, sino que también pone en juego aspectos del T-MEC, dado que afecta directamente la confianza en el sistema judicial mexicano, un pilar fundamental para las inversiones y la cooperación económica. La preocupación de que la reforma sirva a intereses del narco y afecte la lucha contra la corrupción judicial ha sido una constante en las discusiones internacionales.
La reforma judicial propuesta en México es más que un cambio legislativo; es un reflejo de las tensiones entre la independencia judicial y los esfuerzos gubernamentales por reformar un sistema visto como corrupto. A medida que México avanza hacia posibles cambios constitucionales, el diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad y la cooperación internacional serán cruciales para asegurar que la reforma fortalezca, y no debilite, la democracia y el Estado de Derecho en el país.
