La reciente aprobación del dictamen para la extinción de siete organismos autónomos en la Cámara de Diputados ha desatado una intensa discusión política y social en México. Esta reforma, impulsada por la mayoría de Morena, el Partido Verde Ecologista de México (PVEM) y el Partido del Trabajo (PT), ha sido defendida como una medida de simplificación orgánica y un paso hacia la eliminación de lo que consideran instituciones diseñadas para proteger intereses privados.
Ante la aprobación, la oposición ha realizado serias críticas, argumentando que la eliminación de estos organismos representa un retroceso en la transparencia, la competencia económica y la democracia en el país.
Aprobación del dictamen en Comisión de Puntos Constitucionales
La Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó en lo general el dictamen que propone la desaparición de siete organismos autónomos, con 22 votos a favor y 16 en contra; y entre los organismos que se verán afectados por esta reforma se encuentran:
- Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI)
- Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece)
- Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT)
- Comisión Reguladora de Energía (CRE)
- Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval)
- Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH)
- Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (Mejoredu)
El dictamen, parte del denominado “Plan C” impulsado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, propone que las funciones de estos organismos sean absorbidas por diferentes secretarías y dependencias del gobierno federal, bajo el argumento de eliminar duplicidades y optimizar el uso de los recursos públicos.
Los representantes de Morena y sus aliados han defendido la extinción de estos organismos bajo la premisa de que fueron creados durante los gobiernos neoliberales para proteger intereses privados y subordinar al Estado mexicano a poderes extranjeros. Óscar Cantón Zetina, diputado de Morena por Tabasco, argumentó que estos organismos fueron diseñados para favorecer a empresas extranjeras, dejando al país en una posición de vulnerabilidad económica.
“Es nuestra obligación y deber acabar con esta desigualdad social que se ha ocasionado precisamente porque estos órganos se crearon a partir de las reformas constitucionales en los gobiernos del PRI y del PAN para entregar la riqueza de México a unos cuantos”, declaró la diputada Irma Juan Carlos (Morena), enfatizando que la reforma no elimina las facultades de estos organismos, sino que las redistribuye entre las secretarías del gobierno.
Por su parte, César Agustín Hernández, también de Morena, señaló que esta medida no solo es una reforma administrativa, sino un nuevo pacto con la ciudadanía, asegurando que el gobierno trabajará directamente para la sociedad sin intermediarios.
Críticas de la oposición: PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano
La oposición, conformada por el PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano, ha levantado fuertes críticas contra la desaparición de estos organismos. Argumentan que esta medida es contraria al Estado de derecho y atenta contra la división de poderes, erosionando los avances en transparencia y rendición de cuentas.
Rubén Moreira, coordinador de la bancada del PRI, fue uno de los más enfáticos al cuestionar la eliminación de la Cofece, señalando que esta medida favorecerá a los monopolios y afectará gravemente las inversiones, especialmente en un momento en el que México podría aprovechar el nearshoring para atraer más empresas extranjeras.
“El régimen que habla de Juárez está cercano a los conservadores del siglo XIX; ustedes están generando el supremo poder conservador, por eso van sobre los órganos autónomos, porque no les gusta la crítica, no les gusta la transparencia, porque ustedes están con los grandes oligarcas de este país”, criticó Moreira.
Santiago Torreblanca, diputado del PAN, advirtió que esta reforma será recordada como un ataque a la democracia, señalando que la eliminación del INAI es un golpe directo a la transparencia y que su desaparición impedirá que la ciudadanía acceda a información crucial para denunciar casos de corrupción, como los escándalos de Segalmex y las irregularidades en la construcción del Tren Maya.
Nueva Legislatura
A pesar de las solicitudes de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, para postergar la discusión, el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales, Juan Ramiro Robledo, dejó claro que el proceso legislativo seguirá adelante. El dictamen aprobado se turnará a la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, y será la siguiente legislatura, que entra en funciones el 1 de septiembre, la encargada de llevarlo al pleno para su aprobación final.
La nueva legislatura tendrá la responsabilidad de concretar esta reforma, que incluye un plazo de 90 días para la transferencia de funciones de los organismos autónomos a las secretarías correspondientes. Esta urgencia contrasta con la propuesta inicial de extender este plazo a un año, lo que generó fricciones incluso dentro del bloque oficialista.
Reacciones de la Sociedad Civil e Impacto Internacional
La posible desaparición de estos organismos autónomos ha generado preocupación no solo dentro del ámbito político, sino también entre organizaciones de la sociedad civil y actores internacionales. El INAI, por ejemplo, ha sido un pilar en la defensa de la transparencia y la protección de datos personales en México, y su desaparición podría tener repercusiones negativas en la percepción de México como un país comprometido con la rendición de cuentas.
Organizaciones como Transparencia Mexicana y el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) han expresado su preocupación por el impacto que esta reforma podría tener en la lucha contra la corrupción y la protección de los derechos humanos. Además, la desaparición de la Cofece y el IFT podría afectar la competencia económica y la regulación del sector de telecomunicaciones, lo que podría generar tensiones con socios comerciales y organismos internacionales.
