En una reunión marcada por el debate intenso y opiniones encontradas, la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó la reforma que traslada el mando de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena). Con 22 votos a favor y 18 en contra, este cambio estructural ha generado un torbellino de reacciones en el espectro político mexicano.
La reforma modifica varios artículos de la Constitución, incluidos los artículos 13, 16, 21, 32, 55, 73, 76, 78, 82, 89, 123 y 129. Un elemento clave es el Cuarto Transitorio, que establece que el jefe de la Guardia Nacional debe ser un General de División activo de esta institución y será designado por el Presidente de la República, a propuesta del titular de la Sedena. Este movimiento es visto por muchos como un endurecimiento del rol militar en tareas de seguridad pública que tradicionalmente han sido civiles.
El bloque de Morena, junto con sus aliados del PT y el Verde, defendió vehementemente la reforma, argumentando que esta estructura fortalecerá la lucha contra el crimen organizado sin transgredir los derechos humanos. “Es un cambio de modelo necesario para enfrentar las realidades de seguridad actuales con eficacia y respeto a los derechos fundamentales”, afirmó Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena.
Por otro lado, la oposición compuesta por PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, criticó duramente la reforma, calificándola de un paso hacia la militarización que podría socavar la autonomía de las fuerzas de seguridad civil. “Estamos presenciando un retroceso en la promesa de un mando civil de la Guardia Nacional. Esto contradice los acuerdos establecidos en 2019 y amenaza con centralizar excesivamente el poder en el ámbito militar”, expresó un representante del PAN.
Durante el debate, se hicieron alusiones a la administración de Felipe Calderón, comparando las actuales políticas de seguridad con las controvertidas estrategias del pasado. Los críticos advierten que esta reforma podría significar el regreso de prácticas represivas y una dependencia problemática de las fuerzas armadas en tareas que deberían ser competencia de la policía civil.
“Nos preocupa que este nuevo esquema deje poco espacio para la supervisión civil y la transparencia, esenciales para cualquier fuerza de seguridad en una democracia”, comentó un diputado de Movimiento Ciudadano.
Si bien la reforma aún debe ser debatida en el pleno de la Cámara de Diputados y posteriormente, en el Senado, su aprobación en comisiones representa un avance significativo hacia su implementación. Esto pone a prueba la solidez de las instituciones democráticas de México y su capacidad para equilibrar seguridad y derechos humanos en un contexto de desafíos de seguridad complejos.
La figura de Omar García Harfuch, futuro secretario de Seguridad, fue también centro de discusión. Críticos de la reforma sugieren que esta estructura limitará su capacidad de acción, subordinando efectivamente la seguridad pública al dominio del Ejército.
La aprobación del traspaso de la Guardia Nacional a la Sedena por parte de la Comisión de Puntos Constitucionales, marca un momento crucial para la política de seguridad en México. Mientras el gobierno argumenta que esta reforma es esencial para enfrentar el crimen de manera más efectiva, las voces disidentes temen que se esté cruzando una línea peligrosa hacia la militarización que podría tener consecuencias duraderas para el país. La discusión está lejos de concluir y los próximos pasos en el Congreso serán decisivos en la definición del futuro de la seguridad pública en México.
