El Partido Revolucionario Institucional (PRI) enfrenta una división interna sin precedentes tras la reciente reelección de Alejandro Moreno Cárdenas y Carolina Viggiano, que ha derivado en la presentación de dos recursos legales más ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); poniendo el futuro político de estos líderes en juego. Este proceso ha sacudido los cimientos del partido y podría redefinir su dirección y estrategia a corto plazo.
La controversia comenzó poco después de que Alejandro Moreno y Carolina Viggiano fueran reelectos en un proceso que ha sido cuestionado por miembros distinguidos del partido. El primero en actuar fue Benjamín Antonio Russek de Garay, quien presentó una demanda para la protección de los derechos político electorales de la ciudadanía apenas dos días después de la reelección, su impugnación se dirige contra los resultados de la elección del Consejo Político Nacional del PRI, celebrada el 11 de agosto.
Por otro lado, tres expresidentes nacionales del PRI, Dulce María Sauri, Enrique Ochoa Reza y Pedro Joaquín Coldwell, también presentaron una demanda. Estos líderes históricos del partido han cuestionado la validez del proceso, señalando irregularidades en el acuerdo emitido por la Comisión Nacional de Procesos Internos que declaró válida la elección de Moreno y Viggiano.
Estas impugnaciones han provocado una ola de incertidumbre dentro del PRI, con implicaciones significativas para su estructura de poder interno y su imagen pública. Los demandantes argumentan que el proceso no solo fue opaco, sino que también violó los estatutos del propio partido y la legislación electoral vigente.
La ley general de partidos políticos estipula que los documentos básicos de los partidos no pueden ser modificados durante un año electoral, no obstante, el PRI llevó a cabo su Asamblea el 7 de julio, en clara violación de esta norma, lo que añade más peso a las impugnaciones presentadas.
El magistrado Felipe de la Mata está al frente del caso y tiene la responsabilidad de emitir un fallo que no solo resolverá el conflicto interno, sino que también sentará un precedente sobre cómo se manejan las disputas electorales internas en los partidos políticos de México. El TEPJF ha ordenado al PRI y sus comisiones internas a entregar toda la documentación relevante, lo que sugiere que la decisión se tomará con un análisis exhaustivo de todos los elementos presentados.
El resultado de estas impugnaciones podría tener efectos duraderos en la política mexicana, particularmente en la manera en que los partidos políticos gestionan sus procesos internos y en la percepción del electorado sobre la transparencia y la democracia interna en estos organismos. Para un partido como el PRI, que busca redefinir su lugar en el panorama político mexicano, el manejo de esta crisis será decisivo.
El PRI se encuentra en una encrucijada crítica, donde la gestión de esta disputa no solo determinará el liderazgo futuro del partido sino que también podría influir en su relevancia y estrategia en los próximos años electorales. Los ojos están puestos en el TEPJF, esperando una resolución que podría cambiar las reglas del juego para uno de los partidos más antiguos y emblemáticos de México.
