Los candidatos a cargos de juez, ministro o magistrado tendrán acceso igualitario a los tiempos oficiales en radio y televisión, según lo establecido en el proyecto de dictamen de la reforma judicial recientemente distribuido entre los miembros de la Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados.
Este proyecto propone una serie de normativas diseñadas para asegurar un proceso electoral limpio y justo, incluyendo una prohibición total del financiamiento público o privado para las campañas y la contratación de espacios adicionales en medios de comunicación.
“Las campañas para los cargos judiciales deberán basarse en la meritocracia y la trayectoria de los candidatos, sin influencia de financiamiento externo que pueda sesgar el proceso,” explicó Guadalupe Taddei, presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE), durante su intervención en uno de los foros sobre la reforma.
Según el documento, las precampañas y campañas durarán 60 días, igualando el periodo de campañas para las elecciones intermedias federales. Además, los candidatos podrán utilizar sus redes sociales para difundir propuestas y actividades, siempre que no impliquen contrataciones pagadas que puedan darles una ventaja indebida.
“El objetivo es nivelar el campo de juego y asegurar que todas las candidaturas tengan las mismas oportunidades de presentarse ante el electorado,” señala el proyecto.
El INE organizará foros de debate y otros espacios para la discusión pública, abriendo la participación a sectores de la sociedad civil y académicos, siempre bajo condiciones de equidad. Estas plataformas servirán para que los candidatos expongan sus visiones y competencias de manera directa ante la ciudadanía.
Ante los desafíos logísticos y operativos que implica este nuevo formato de elección, Taddei ha solicitado clarificaciones sobre varios aspectos técnicos, desde la distribución de casillas hasta la capacitación ciudadana y la promoción de candidatos, para garantizar que el proceso se lleve a cabo con el rigor y la precisión que caracterizan las elecciones en México.
“Mientras algunos aplauden la iniciativa por promover mayor transparencia y participación democrática, otros expresan preocupaciones sobre cómo se implementarán estas reglas sin afectar la independencia judicial,” comentó un analista político durante una mesa redonda en un medio local.
Con estas nuevas reglas, el proceso para seleccionar a quienes ocuparán algunos de los puestos más importantes del sistema judicial mexicano promete ser más abierto y accesible para el público general, potencialmente llevando a una renovación en la forma en que se percibe y se practica la justicia en el país.
Este proyecto de reforma judicial es solo el principio de lo que podría ser una serie de cambios significativos en el sistema judicial mexicano, apuntando hacia un futuro donde la justicia no solo es ciega sino también completamente transparente y democrática.
