El ambiente político en México se intensifica ante la advertencia del senador Ricardo Monreal a los magistrados y jueces del Poder Judicial Federal (PJF), quien emitió una clara advertencia a los integrantes del PJF: si deciden irse a paro nacional, estarían cometiendo un delito grave que podría tener severas consecuencias legales.
Monreal enfatizó que un paro en el Poder Judicial violaría el artículo 17 de la Constitución Mexicana, el cual establece que la justicia debe ser pronta y expedita. “Obstaculizar, obstruir o detener el acceso a la justicia es un delito grave contra la administración de justicia”, señaló el senador. Este pronunciamiento llega en un momento de alta tensión, cuando magistrados y jueces del PJF han manifestado su disposición a parar labores en protesta contra la Reforma Judicial que se discute en el Congreso de la Unión.
Según declaraciones de líderes del PJF, hasta 55 mil empleados podrían sumarse a un paro si la reforma es aprobada en su forma actual. No obstante, Monreal aseguró que los empleados del Poder Judicial están mal informados sobre los alcances de dicha reforma. “No hay una sola palabra que atente contra sus derechos laborales”, afirmó, destacando que su partido siempre ha estado dispuesto a dialogar.
El senador también hizo referencia a la presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Norma Piña, insinuando que ella está detrás de las protestas de los trabajadores del PJF. Monreal pidió a la ministra evitar presionar a los empleados y optó por un enfoque conciliador, destacando la importancia del diálogo entre los poderes. “Nosotros vamos a abrir el diálogo con todos, a pesar de tener mayoría calificada. Pero me preocupa la falta de diplomacia, pericia e inteligencia para llevar a cabo una relación de colaboración y coordinación entre los poderes”, concluyó.
Esta advertencia de Monreal subraya la gravedad del conflicto y sugiere que cualquier acción de paro por parte de los jueces y magistrados podría desencadenar una crisis institucional sin precedentes. En medio de esta tensión, el llamado al diálogo y la búsqueda de soluciones pacíficas se vuelve más urgente que nunca.
El desenlace de esta situación será crucial para el futuro del Poder Judicial en México y para la estabilidad política del país. La postura de Monreal envía un mensaje claro: la justicia no puede detenerse, y cualquier intento de hacerlo tendrá consecuencias serias y legales.
