El juez José Gabriel Ramírez Montaño dictaminó la absolución de Juan Antonio Vera Carrizal, exdiputado local acusado de ser el autor intelectual del ataque con ácido contra la saxofonista María Elena Ríos, ocurrido en septiembre de 2019. Este fallo ha desatado una oleada de reacciones y debates sobre la efectividad y equidad del sistema judicial mexicano.
La decisión judicial concluyó que las pruebas presentadas por el Ministerio Público no fueron suficientes para destruir la presunción de inocencia de Vera Carrizal y otros dos coacusados. El juez Montaño especificó que el proceso adolecía de una investigación adecuada y carecía de pruebas contundentes que vincularan directamente a los acusados con el crimen, lo que llevó a su inmediata liberación y la anulación de todas las medidas cautelares impuestas.
La resolución judicial ha sido recibida con indignación por parte de María Elena Ríos, quien ha sido vocal sobre su descontento y desilusión con el sistema judicial. A través de declaraciones públicas y en redes sociales, Ríos ha expresado su frustración, calificando el fallo de “victoria de la corrupción” y criticando la rapidez y aparente superficialidad del proceso de deliberación judicial. La saxofonista ha destacado la brevedad del tiempo que tomó al juez emitir el veredicto, lo cual, según ella, evidencia un proceso judicial viciado y predispuesto.
El caso de María Elena Ríos ha capturado la atención pública no solo por la brutalidad del ataque, sino también por su lucha persistente por justicia en un entorno donde los ataques con ácido a mujeres, aunque relativamente raros en México, son extremadamente violentos y traumáticos. La batalla de Ríos ha sido emblemática de las dificultades que enfrentan muchas mujeres en México para acceder a la justicia en casos de violencia de género.
Expertos legales y activistas han señalado deficiencias en la recopilación de evidencias y en la conducción de investigaciones por parte de las autoridades, lo que frecuentemente resulta en fallos judiciales que parecen no corresponder con la gravedad de los delitos. Esta situación ha reforzado la percepción de impunidad y ha alimentado un creciente descontento con el sistema de justicia penal en el país.
La absolución de Vera Carrizal plantea serias preguntas sobre la protección y el trato que el sistema judicial mexicano ofrece a las víctimas de delitos violentos, especialmente en casos de violencia contra las mujeres. Este caso podría tener repercusiones significativas en cómo los futuros casos de violencia de género son manejados por la justicia en México, potencialmente incitando reformas judiciales o modificaciones en los procesos de investigación y acusación.
Mientras el veredicto sigue impactando en la sociedad, grupos de derechos humanos, colectivos feministas y la opinión pública en general continúan movilizándose en apoyo a María Elena Ríos y otras víctimas de violencia de género. Este caso subraya la urgente necesidad de reformas profundas en el sistema judicial que aseguren que la justicia sea accesible, imparcial y efectiva para todos los ciudadanos, especialmente para aquellos en situaciones de vulnerabilidad.
Este fallo no es solo el cierre de un capítulo judicial, sino que abre un nuevo capítulo en la discusión sobre cómo México trata a sus ciudadanos más vulnerables y cómo puede mejorar para proteger a sus ciudadanas y ciudadanos de manera justa y equitativa. La lucha de María Elena Ríos continúa como un llamado a la acción para todos aquellos comprometidos con la justicia y la equidad en México.
