En un reciente webinar organizado por la plataforma Tiburones Inmobiliarios, las principales asociaciones de agentes inmobiliarios de la Ciudad de México han expresado un rotundo rechazo a la nueva propuesta del gobierno de Martí Batres Guadarrama para limitar el aumento de las rentas habitacionales en la capital.
Esta iniciativa, que busca moderar los incrementos en el costo de la vivienda y mejorar la accesibilidad, ha generado preocupación entre los profesionales del sector, quienes advierten que podría tener efectos contraproducentes en la inversión inmobiliaria.
Durante el evento, Marissa Quiroga, presidenta de la Asociación Mexicana de Profesionales Inmobiliarios (AMPI) Ciudad de México, señaló que “hay una falta tremenda de vivienda en la Ciudad de México, derivada de años sin desarrollo habitacional significativo, lo que ha limitado la oferta disponible”. Esta situación ha llevado a un aumento en las rentas, un fenómeno que no es exclusivo de la CDMX, pero que aquí se siente con particular intensidad.
Sary Sutton, presidenta del Grupo Inmobiliario Zona Poniente (GIZP), argumentó que la propuesta del gobierno afectaría negativamente a los propietarios de inmuebles. “Limitar los aumentos en el precio del alquiler podría reducir los ingresos de los propietarios, que se utilizan para el mantenimiento de las propiedades. Esto podría desincentivar a los inversionistas a mantener o expandir sus carteras inmobiliarias en la ciudad”, explicó.
Uno de los aspectos más criticados ha sido el propuesto registro digital de contratos de arrendamiento. Los representantes inmobiliarios cuestionan la falta de claridad sobre cómo se implementará esta medida. “El registro de contratos es vital, pero muchos arrendamientos en la ciudad ocurren sin contratos formales. Cómo se incentivará este registro sigue siendo una gran incógnita”, dijo Quiroga.
Luis Robina, representante de la Asociación de Profesionales en Comercialización Inmobiliaria (APCI), criticó la aproximación del gobierno a la problemática del arrendamiento. “Se intenta aplicar una solución única a un mercado diverso, sin considerar las realidades específicas de diferentes áreas de la ciudad. Esto podría resultar en políticas que no resuelven los problemas subyacentes”, afirmó.
Las asociaciones han mostrado su disposición a dialogar con el gobierno para revisar la propuesta. “Es esencial que el sector privado participe en la formulación de políticas que nos afectan directamente. Solo a través del diálogo podremos llegar a soluciones efectivas que beneficien tanto a inquilinos como a propietarios”, indicó Sutton.
La propuesta de limitar los aumentos de renta en la Ciudad de México ha encendido un debate necesario sobre el equilibrio entre la accesibilidad de la vivienda y la salud del mercado inmobiliario. Mientras el gobierno busca proteger a los inquilinos, los profesionales del sector inmobiliario advierten sobre los riesgos de disuadir la inversión.
El éxito de cualquier medida dependerá de la capacidad de todas las partes para colaborar en la creación de políticas equilibradas que no solo aborden la crisis de vivienda, sino que también promuevan un desarrollo urbano sostenible.
