En un hecho sin precedentes en la historia electoral de la Ciudad de México, el consejero Ernesto Ramos del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), ha desatado un escándalo con profundas repercusiones políticas y legales tras acusar la falsificación de su firma en documentos oficiales. Este incidente ha llevado a su renuncia de la Comisión Permanente de Quejas y ha provocado una oleada de investigaciones y cuestionamientos sobre la integridad de las prácticas administrativas dentro del organismo.
La controversia comenzó cuando Ramos, con una amplia trayectoria en derecho electoral y prácticas democráticas, denunció que su firma electrónica fue utilizada sin su consentimiento en documentos enviados al Tribunal Electoral de la Ciudad de México (TECDMX). Esto incluyó la manipulación de un documento relacionado con medidas cautelares solicitadas por el Partido Acción Nacional (PAN) para retirar publicaciones que acusaban de calumnias a un funcionario del gobierno local.
Durante una tensa sesión que se prolongó por más de una hora y media, Ramos expresó su completa desconfianza en la comisión, declarando que la gravedad de los hechos comprometía la credibilidad del ente electoral. “Envíe un oficio directamente al secretario técnico de la Comisión de Quejas detallando la manipulación de documentos oficiales y la falsificación de mi firma, que fue copiada y editada para hacerla pasar como parte de un documento oficial y enviarlo al tribunal electoral”, compartió Ramos visiblemente afectado.
Erika Estrada, presidenta de la Comisión Permanente de Quejas, intentó minimizar el incidente alegando que se trataba de un único documento de más de mil ochocientos procesados. No obstante, admitió que el caso estaba bajo investigación y aún no se había determinado la responsabilidad de los involucrados. “Es preocupante que asuntos internos se discutan en el consejo general cuando existe una investigación en curso dirigida por la Contraloría”, señaló Estrada, comprometiéndose a mantenerse al frente para resolver la situación.
En un giro inesperado, René Quiñones, quien ocupaba un cargo directivo en la Dirección Ejecutiva de Asociaciones Políticas y Fiscalización del IECM, también presentó su renuncia, citando motivos personales aunque fuentes internas sugieren que su salida estaba directamente relacionada con el escándalo de las firmas falsas.
Este incidente no sólo plantea serias dudas sobre la gestión y la seguridad de los documentos electorales sino también sobre la efectividad de las medidas de seguridad implementadas desde 2020 para proteger las firmas electrónicas de los consejeros. El consejero Ramos, en un acto de deslinde, anunció que comenzará a firmar los documentos de manera autógrafa para evitar futuras controversias.
Mientras tanto, el Tribunal Electoral sigue adelante con la resolución de impugnaciones relacionadas con el proceso electoral, habiendo resuelto ya el 37.3% de los casos. La situación en el IECM es un recordatorio crítico de la importancia de la transparencia y la confianza en los procesos electorales, especialmente en una metrópoli tan grande y políticamente activa como la Ciudad de México.
Este escándalo ha dejado en evidencia la vulnerabilidad de las instituciones electorales ante errores internos y manipulaciones, urgente de acciones correctivas y probablemente, reformas estructurales para restablecer la confianza pública en la integridad del proceso electoral de la capital.
