Muy al estilo del presidente, en lugar de hablar sobre avances concretos en el caso Ayotzinapa, utiliza el tema para seguir culpando administraciones pasadas y querer enaltecer su imagen y deslindar responsabilidades sobre los resultados de la investigación durante su gestión. Es así que uno de los episodios más dolorosos y controvertidos en la historia reciente de México se convierte de nuevo en un pretexto para culpar la administración de Felipe Calderón como la responsable de los hechos, los cuales no se han esclarecido en esta actual gobierno, y que heredará al futuro político de Claudia Sheinbuam. A casi diez años de la desaparición de los 43 estudiantes de la Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, el Presidente Andrés Manuel López Obrador presentó su primer reporte a los padres y madres de los desaparecidos. En este informe, el presidente destacó a su modo y conveniencia los avances y las dificultades encontradas en la búsqueda de la verdad y la justicia.
El presidente López Obrador informó que, hasta la fecha, se ha procesado a 20 militares, incluidos dos generales, por posible omisión y vínculos con la delincuencia organizada. Sin embargo, aclaró que no se ha encontrado “absolutamente nada” que indique una participación directa de integrantes del Ejército en el crimen de Iguala. Esta declaración fue respaldada por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), que ha entregado información a la Comisión para la Verdad del Caso Ayotzinapa (Covaj) y a la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el Caso Ayotzinapa (UEILCA).
En el documento entregado a los familiares el pasado 8 de julio, el presidente López Obrador aseguró que no hay pruebas que involucren directamente al ejército en la desaparición de los estudiantes. “No hay evidencia de participación directa del ejército”, afirmó. Uno de los puntos más controvertidos ha sido la presunta negativa del ejército a entregar información relevante para el caso. Sin embargo, López Obrador aseguró que la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) ha proporcionado toda la información solicitada, con cerca de 121 mil fojas de información.
López Obrador criticó a ciertas organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales, por su manejo del caso. En particular, cuestionó los vínculos de estos grupos con el gobierno de Estados Unidos y sus agencias. Según el presidente, algunos de estos defensores habrían celebrado la excarcelación de al menos 60 personas implicadas en la desaparición de los normalistas, bajo el argumento de que fueron torturadas. “Es el momento de revisar el comportamiento de quienes han conducido las exigencias de supuesta justicia”, afirmó.
El presidente reiteró su compromiso de encontrar a los jóvenes y esclarecer los hechos antes del fin de su mandato. “Espero que en mi último informe de gobierno, para satisfacción de los familiares, pueda cumplir el compromiso de encontrar a los jóvenes de Ayotzinapa y saber con mayor precisión lo sucedido”, declaró López Obrador.
Vidulfo Rosales, Abogado de los Padres de los 43
Vidulfo Rosales, abogado de los padres de los normalistas, expresó su descontento con los avances reportados. “Llevamos casi una década esperando respuestas concretas. La falta de resultados palpables sigue siendo una herida abierta para las familias de los desaparecidos”, comentó Rosales.
Luis Cresencio Sandoval, Secretario de la Defensa Nacional
El General Luis Cresencio Sandoval reiteró el compromiso de la Sedena con la verdad y la justicia. “Hemos proporcionado toda la información requerida y seguimos abiertos a cualquier investigación que ayude a esclarecer los hechos”, afirmó Sandoval.
López Obrador mencionó que la investigación ha enfrentado varios obstáculos, incluidos desacuerdos y falta de cooperación de algunas organizaciones y abogados de los padres. También se refirió a las dificultades para obtener nuevas pruebas que puedan involucrar directamente a miembros del Ejército en la desaparición de los estudiantes.
El caso Ayotzinapa ha sido un tema central en el debate sobre la justicia y los derechos humanos en México. La llamada “verdad histórica”, presentada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, fue desestimada por organizaciones internacionales y el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), quienes concluyeron que los jóvenes no fueron incinerados en el basurero de Cocula como se afirmó inicialmente.
El informe presentado por el Presidente Andrés Manuel López Obrador refleja los pobres avances y las limitaciones en la búsqueda de la verdad en el caso Ayotzinapa. A pesar de los esfuerzos, la falta de respuestas concretas sigue siendo un tema doloroso para las familias de los desaparecidos y para la sociedad mexicana en general. El compromiso del gobierno actual es claro, pero la complejidad del caso y las múltiples aristas involucradas continúan siendo un desafío significativo. En el próximo periodo, será fundamental que las autoridades redoblen sus esfuerzos para cumplir con la promesa de esclarecer los hechos y brindar justicia a las víctimas y sus familias. El caso Ayotzinapa no solo es una cuestión de justicia, sino también un testimonio del compromiso de México con los derechos humanos y la verdad.
