El presidente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro Moreno Cárdenas, conocido como “Alito”, ha sido denunciado ante la Fiscalía General de la República (FGR) por el diputado Miguel Prado, Secretario de la Comisión de Vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación (ASF). La denuncia señala un posible desvío de casi 4 mil millones de pesos de recursos federales durante su mandato como gobernador de Campeche.
Entre el 16 de septiembre de 2015 y el 13 de junio de 2019, periodo en el que Moreno Cárdenas fue gobernador de Campeche, la ASF detectó 92 irregularidades en áreas clave como Salud y pago de nóminas. Estas irregularidades habrían generado un perjuicio a la Hacienda Pública Federal por un monto superior a los 3 mil 941 millones de pesos.
Además del desvío de fondos, la acusación incluye probables actos de tráfico de influencias, hechos de corrupción, lavado de dinero, enriquecimiento ilícito, fraude fiscal, peculado, uso ilícito de atribuciones y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Incremento patrimonial desproporcionado
Uno de los puntos más destacados de la denuncia es el presunto incremento en el patrimonio de Moreno Cárdenas y su familia durante su mandato como gobernador. Este incremento sería desproporcionado respecto a sus ingresos declarados como servidor público, quedando evidenciado en la compra de propiedades millonarias.
El diputado Miguel Prado ha solicitado que se investigue y se inhabilite a Moreno Cárdenas, así como a cualquier otro involucrado, para ejercer cargos públicos por hasta 20 años. Además, se ha solicitado el embargo de sus bienes y cuentas bancarias como medida cautelar.
La denuncia fue presentada ante el Fiscal General de la República, Alejandro Hertz Manero, y la titular de la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción, María de la Luz Mijangos Borja. Cabe recordar que desde agosto de 2022, el fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, solicitó el desafuero de Moreno Cárdenas, argumentando un incremento patrimonial injustificado. Sin embargo, el caso de desafuero ha permanecido estancado.
Moreno Cárdenas, actualmente diputado federal y líder del PRI, tiene asegurado un escaño en el Senado de la República a partir de agosto próximo, lo que le garantiza continuar con fuero constitucional.
La controversia no solo afecta la esfera judicial sino también la interna del PRI. Recientemente, la Comisión Política Permanente del partido dio “vía libre” para que Moreno Cárdenas participe en el proceso interno para su reelección como presidente del PRI hasta 2028.
Exdirigentes del PRI, como Dulce María Sauri Riancho, Enrique Ochoa Reza y Miguel Ángel Osorio Chong, han solicitado a Moreno Cárdenas que explique el origen de su patrimonio. En abril de 2022, el fiscal general de Campeche, Renato Sales Heredia, informó sobre la apertura de una carpeta de investigación por presunto enriquecimiento ilícito. En julio de 2023, la residencia de Moreno en Campeche, descrita como “un hotel de lujo” por Sales Heredia, fue cateada. La propiedad, con un valor estimado de 300 millones de pesos, incluye alberca, bar, boliche y mesa de billar.
Dulce María Sauri ha afirmado que el salario de un servidor público no es suficiente para pagar una casa con tales características, y ha considerado necesario que Moreno explique cómo adquirió sus bienes. Enrique Ochoa Reza ha sugerido que, en caso de que Moreno no aclare el origen de su patrimonio, se debe cuestionar si su estilo de vida es coherente con sus ingresos como servidor público. Por su parte, Miguel Ángel Osorio Chong, quien renunció al PRI en la actual Legislatura LXV, ha señalado que la opulencia de la casa de Moreno sugiere que pretende mantenerse en la presidencia del CEN, controlar el partido o protegerse mediante el fuero constitucional.
