Nuevas tensiones políticas hicieron que los principales partidos de oposición en México, el PAN, PRI y Movimiento Ciudadano, reiteraran su firme rechazo a la propuesta de reforma judicial presentada por el gobierno actual. Dicha reforma, que busca cambios estructurales en el sistema judicial, ha sido percibida por estos partidos no como una mejora a la justicia, sino como una amenaza al equilibrio de poderes en el país.
Durante el último foro organizado por la Cámara de Diputados, voceros de estos partidos han expresado diversas preocupaciones sobre los potenciales riesgos que la reforma podría traer. Una de las críticas más fuertes se refiere a la ausencia de garantías para la selección de perfiles idóneos para cargos judiciales, lo que podría comprometer la imparcialidad y eficacia de la justicia en México.
Julen Rementería, coordinador de los senadores del PAN, catalogó la propuesta como una “ocurrencia total” y señaló que las discusiones y análisis realizados hasta ahora sugieren que la reforma es insuficiente y precipitada. Comparó la situación con la transición del Seguro Popular al INSABI, que resultó en desorganización y críticas generalizadas. Rementería enfatizó la importancia de la experiencia judicial, contrarrestando las recientes declaraciones presidenciales que minimizan este criterio.
Por su parte, Rubén Moreira, líder de los diputados del PRI, destacó la incongruencia entre las declaraciones y las acciones del gobierno. Criticó la posible eliminación de la jerarquía constitucional de los tratados internacionales y señaló la contradicción en las declaraciones de figuras clave como el ex ministro Arturo Zaldívar y el diputado Óscar Cantón Zetina, quienes aseguran que la reforma se implementará tal como fue propuesta inicialmente por el Presidente.
Carlos Alberto León García, representante de Movimiento Ciudadano, también expresó escepticismo sobre los verdaderos objetivos de la reforma. Afirmó que más allá de una necesaria reforma judicial integral, la propuesta actual parece estar motivada por revancha política y no por un interés genuino en mejorar el acceso a la justicia en México.
Una cuestión particularmente preocupante es la exclusión de los magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) de los foros de discusión, lo cual fue confirmado por Mónica Soto, presidenta del tribunal. Esta omisión ha sido criticada por limitar la diversidad de opiniones y perspectivas en el debate sobre la reforma.
El presidente Andrés Manuel López Obrador ha defendido la reforma, rechazando que sea una venganza contra el Poder Judicial, pese a sus críticas públicas hacia resoluciones judiciales previas, especialmente en materia de política energética. Su postura es que la reforma es necesaria para reducir los costos y mejorar el servicio público, pero sus comentarios han intensificado el debate sobre la independencia y la imparcialidad del Poder Judicial en México.
El enfrentamiento entre el gobierno y la oposición sobre esta reforma judicial es un claro indicador de las tensiones actuales en la política mexicana, donde el equilibrio de poderes y la independencia judicial están en juego. Con foros adicionales programados y discusiones continuas, el futuro de esta reforma es incierto, pero lo que es claro es que tendrá implicaciones profundas para la estructura política y judicial del país.
