En su reciente comparecencia ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Gobierno de México recibió 318 recomendaciones de 115 países, las cuales reflejan tanto los avances como los grandes desafíos pendientes en materia de derechos humanos, según afirmó el Colectivo EPUMx. Esta coalición, conformada por 200 organizaciones de la sociedad civil que trabajan en el ámbito de los derechos humanos, destacó la importancia de estos señalamientos para impulsar mejoras en la situación de los derechos humanos en el país.
Representantes del gobierno federal respondieron a las recomendaciones recibidas. Este mecanismo, que evalúa la situación de los derechos humanos en cada país miembro de la ONU, examinó por cuarta ocasión el cumplimiento de las obligaciones internacionales del Estado mexicano.
El gobierno mexicano reconoció desafíos significativos en áreas como la violencia contra mujeres y niñas, las desapariciones forzadas, la migración y el desplazamiento forzado interno, la igualdad de género, la independencia judicial, la tortura y el combate a la impunidad. También se comprometió a trabajar en la protección de los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, así como en la defensa de los derechos de niñas, niños y adolescentes, pueblos indígenas y comunidades afrodescendientes, personas LGBTIQ+, personas con discapacidad, personas privadas de la libertad, periodistas y defensores de derechos humanos.
Rechazo de Recomendaciones en Seguridad
No obstante el gobierno mexicano dejó de lado algunas de las recomendaciones más críticas en el contexto actual, especialmente aquellas relacionadas con la justicia y la seguridad. Entre las recomendaciones no aceptadas se encuentran la eliminación de las figuras de prisión preventiva oficiosa y arraigo, la aprobación de una ley en materia de desplazamiento forzado interno y la modificación de la Ley de Migración para eliminar disposiciones que permiten la detención administrativa de personas migrantes.
El Colectivo EPUMx lamentó esta postura, destacando que estas recomendaciones abordan cuestiones centrales en la agenda de discusión pública sobre derechos humanos en México. “La postura del Estado mexicano al no aceptar estas recomendaciones contrasta con sus obligaciones internacionales en derechos humanos y con la perspectiva de la comunidad internacional expresada en las mismas, así como con el diagnóstico que realizamos desde la sociedad civil”, precisó el colectivo en un comunicado.
El Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, instó a México a rendir cuentas ante la violencia vivida en el pasado proceso electoral y a tomar medidas más contundentes para garantizar la seguridad de sus ciudadanos. “Es fundamental que México adopte un enfoque integral para abordar la crisis de derechos humanos que enfrenta, incluyendo la implementación de recomendaciones clave en materia de seguridad y justicia”, señaló Türk.
Luisa María Alcalde, secretaria de Gobernación, defendió la posición del gobierno mexicano, argumentando que “las recomendaciones aceptadas ya representan un compromiso significativo por parte del Estado para mejorar la situación de los derechos humanos en el país. Continuaremos trabajando para implementar estas recomendaciones y fortalecer nuestro marco institucional”.
Organizaciones de derechos humanos y colectivos ciudadanos han criticado la falta de voluntad del gobierno para aceptar todas las recomendaciones de la ONU. “La negativa del Estado a aceptar recomendaciones cruciales en materia de seguridad y justicia refleja una desconexión con la realidad que viven miles de mexicanos”, afirmó María Cabadas, representante del Colectivo EPUMx.
“Es esencial que el gobierno considere seriamente estas recomendaciones para abordar de manera efectiva la crisis de derechos humanos en México”.
El Colectivo EPUMx hizo un llamado al Estado mexicano y a la próxima administración para que reconsideren su postura y adopten las recomendaciones no aceptadas. “Las recomendaciones que México ha tomado nota abordan temas cruciales para mejorar la situación de derechos humanos en el país. Es necesario asumirlas como una guía para la adopción de políticas y programas concretos que protejan los derechos de todos los mexicanos”, agregó Cabadas.
Desafíos
Entre los desafíos persistentes destacados por el Colectivo EPUMx se encuentran la necesidad de prevenir y eliminar el uso excesivo de la fuerza por parte de los agentes de seguridad, la desmilitarización de la seguridad pública, y el establecimiento de mecanismos civiles externos para la rendición de cuentas de los agentes militares. Además, subrayaron la importancia de investigar los casos de vigilancia de la población civil por parte de las fuerzas de seguridad.
El gobierno mexicano enfrenta una tarea monumental para cumplir con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos. Aunque ha mostrado disposición para mejorar en algunas áreas, la falta de aceptación de recomendaciones críticas en seguridad y justicia pone en duda su compromiso total con la agenda de derechos humanos.
El Colectivo EPUMx y otras organizaciones de la sociedad civil continuarán vigilando y presionando al gobierno para que adopte medidas más efectivas y aborde de manera integral los problemas de derechos humanos en el país.
“Nuestro objetivo es asegurarnos de que las voces de las víctimas y las recomendaciones de la comunidad internacional no sean ignoradas. Seguiremos trabajando para que México sea un país donde se respeten y protejan los derechos humanos de todos”, concluyó Cabadas.
