En el corazón de Guadalajara, durante el segundo foro sobre la reforma al Poder Judicial, expertos reiteraron la necesidad de mantener la carrera judicial como el principal vehículo para acceder a cargos de jueces y magistrados en México. Este encuentro, celebrado en el Centro Universitario de Ciencias Económico Administrativas de la Universidad de Guadalajara, se convirtió en un espacio crítico para discutir y modelar el futuro de la justicia en el país.
La reforma propuesta busca asegurar que la idoneidad sea el criterio principal para la selección de candidatos al Poder Judicial, poniendo un énfasis particular en la habilidad, experiencia y conocimiento legal, en lugar de influencias políticas o conexiones. Este enfoque se alinea con las mejores prácticas globales y promete fortalecer la independencia y la imparcialidad de la justicia en México.
Uno de los puntos más discutidos durante el foro fue la propuesta de realizar un relevo escalonado de jueces, en contraposición a las propuestas más disruptivas que podrían comprometer la estabilidad del sistema judicial. Esta medida busca respetar los derechos y la seguridad laboral de los actuales ministros, magistrados y jueces, asegurando una transición ordenada y justa.
Víctor Flores, secretario general del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, Sección II de Toluca, subrayó la importancia de este enfoque: “Es crucial garantizar las condiciones generales de trabajo para mantener la tranquilidad y la imparcialidad de quienes sirven a nuestra nación.”
Una propuesta significativa fue la limitación de las facultades del Consejo de la Judicatura Federal (CJF) a asuntos estrictamente administrativos, evitando su intervención en el ámbito laboral, lo cual podría interpretarse como una injerencia inadecuada en la independencia judicial.
El magistrado Daniel Espinoza, presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, advirtió sobre las consecuencias de no respetar los derechos laborales de los actuales juzgadores bajo la nueva reforma. Espinoza resaltó que cualquier violación podría resultar en sentencias adversas tanto en tribunales nacionales como internacionales, potencialmente generando sanciones económicas significativas para el Estado mexicano.
La reforma también contempla la incorporación de estándares internacionales, como los establecidos por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que ha dictaminado que la destitución de jueces y magistrados sin el debido proceso viola derechos fundamentales.
El magistrado Gildardo Galinzoga Esparza, del Circuito de la Ciudad de México, propuso que cualquier acceso nuevo al Poder Judicial debería requerir una carrera de entre cinco y diez años o, alternativamente, la aprobación de un examen de oposición riguroso realizado por una nueva escuela federal de formación judicial.
La reforma del Poder Judicial es vista no solo como una necesidad para mejorar la eficiencia y la justicia en México, sino también como una oportunidad para restaurar la confianza en las instituciones judiciales. Esta serie de foros y discusiones continúa alimentando un diálogo vital que podría definir la calidad de la democracia y el estado de derecho en México para las próximas generaciones.
