En una decisión sin precedentes, el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México ha anunciado el cierre de 35 juzgados civiles y familiares. Esta medida, que comenzó a efectuarse el 17 de junio y se completará el próximo 29 de noviembre, ha generado una ola de preocupación entre profesionales del derecho y ciudadanos afectados, temiendo un colapso en la administración de justicia debido al ya existente rezago en la resolución de casos.
Los juzgados afectados incluyen 24 de materia civil y 11 de familia, según lo dispuesto en el documento 43-17/2024 del Consejo de la Judicatura local. Esta drástica reducción dejará solo 38 juzgados civiles y 22 familiares en funcionamiento. La medida busca adaptar el sistema judicial a las nuevas exigencias del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, aunque muchos expertos y afectados cuestionan la prisa y la logística de su implementación.
La Barra Mexicana de Abogados (BMA) ha sido vocal en su oposición, destacando el alarmante rezago que ya afecta a los juzgados de la CDMX. En materia familiar, el atraso alcanza el 64.58%, con solo el 35.41% de los casos resueltos entre abril de 2021 y abril de 2024. En el ámbito civil, el rezago es del 32.10%, con 95,526 asuntos aún pendientes de resolución.
El cierre no solo es un tema técnico de reorganización judicial sino que tiene un impacto directo en la vida de los ciudadanos. Por ejemplo, en el Juzgado 29, dedicado a asuntos familiares, se encuentra el prolongado caso de Lidia, que desde 2016 lucha por la pensión alimenticia de sus hijos. Su caso, como muchos otros, enfrenta ahora la incertidumbre de ser transferido a otro juzgado, lo que podría implicar más retrasos y complicaciones.
Pável Ruiz, abogado especialista en materia civil, expresó su preocupación por la sobrecarga que sufrirán los juzgados que permanecen abiertos. “El problema que va a traer es una sobrecarga de trabajo en los juzgados que se van a quedar, porque se extinguen 35 juzgados (…), entonces en el día a día del abogado es muy difícil generar citas, que te den fechas de audiencias. Que vayas a realizar un trámite, un exhorto; se tardan días”, explicó Ruiz.
Hasta el momento, el área de comunicación del Poder Judicial no ha emitido una postura detallada sobre las implicaciones de la medida, dejando un vacío de información que aumenta la ansiedad entre los afectados. La falta de transparencia y la premura en la aplicación de estas medidas son puntos de crítica constante por parte de la comunidad legal y los ciudadanos.
El cierre de los 35 juzgados en la Ciudad de México es un reflejo de los desafíos que enfrenta el sistema judicial para modernizarse y adaptarse a nuevas normativas, sin embargo, este proceso no debe comprometer la accesibilidad y la eficiencia de la justicia. Es fundamental que las autoridades judiciales reconsideren las estrategias de implementación para evitar un mayor colapso en el sistema y garantizar la protección de los derechos de los justiciables, especialmente de aquellos grupos en situaciones de vulnerabilidad.
La justicia pronta y expedita es un derecho fundamental que debe ser preservado incluso en tiempos de transición y cambio.
