En el corazón del Estado de México, una crisis hídrica de gran envergadura se ha desencadenado, afectando no solo a la infraestructura y economía local, sino también a la vida cotidiana de millones de ciudadanos. La situación, que sobrepasa los límites de la legalidad y la ética, ha sido calificada como huachicoleo de agua, refiriéndose al robo sistemático y la retención ilegal de este recurso vital. Con más de 600 embalses irregulares construidos, el agua que debería fluir hacia la presa Miguel Alemán es desviada, provocando una severa escasez que afecta a numerosas comunidades.
El Sistema Cutzamala, pieza central del suministro hídrico para el Valle de México y parte del Estado de México, se enfrenta a un robo de agua que alcanza los 4 mil litros por segundo, según datos aportados por Pedro Moctezuma Barragán, secretario del Agua. Esta cifra es incluso superior a la capacidad actual de suministro del sistema a la región, lo que evidencia la magnitud del desafío.
Moctezuma Barragán destacó que el fenómeno no se limita a un sector o grupo específico; desde pequeños negocios hasta desarrollos inmobiliarios masivos están implicados. Esta situación ha llevado a la implementación de medidas más agresivas para combatir la extracción ilegal de agua, incluyendo la posibilidad de establecer responsabilidades legales a nivel local y federal.
Delfina Gómez Álvarez, gobernadora del Estado de México, y Clara Brugada, jefa de Gobierno electa de la Ciudad de México, han expresado su compromiso con la resolución de esta crisis. Ambas líderes están conscientes del impacto que esta problemática tiene sobre sus administraciones y buscan establecer un marco de acción conjunta que permita una gestión sostenible del agua.
Las implicaciones de este huachicoleo de agua son profundas. Además de la reducción directa en la disponibilidad del recurso para consumo humano y actividades económicas, hay un impacto ambiental considerable. Los 600 embalses irregulares, que han aumentado de 400 en los últimos siete años según imágenes satelitales, no solo retienen agua sino que también alteran el ecosistema local.
Los cuerpos de agua artificiales, muchos creados para fines ornamentales o de riego auxiliar, están afectando la capacidad de las presas oficiales para recoger y almacenar agua de lluvia, crucial para la temporada de secas. La situación es tan grave que incluso las precipitaciones moderadas no han sido suficientes para recuperar los niveles normales en las presas del Sistema Cutzamala, como Valle de Bravo y Villa Victoria.
Para enfrentar esta crisis, el gobierno del Estado de México ha delineado un plan que incluye la identificación y clausura de los embalses ilegales. Además, se están planificando proyectos a mediano plazo que incluyen el tratamiento y reciclaje de agua a través de plantas de tratamiento modernas.
Asimismo, hay un énfasis en la reforestación y restauración de áreas naturales para mejorar la infiltración y retención de agua en el suelo, complementando los esfuerzos técnicos con soluciones basadas en la naturaleza.