La Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Loretta Ortiz Ahlf, admitió a trámite la acción de inconstitucionalidad presentada por varios diputados de oposición respecto a la creación del Fondo de Pensiones para el Bienestar. Este hecho marca un punto crucial en el debate sobre el control y manejo de los recursos destinados a las pensiones en México, especialmente los provenientes de cuentas de Afores no reclamadas.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar fue aprobado por la Cámara de Diputados en una sesión maratónica en abril, bajo la sombra de la noche. La propuesta, impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador y su partido, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena), junto con sus aliados del Partido del Trabajo (PT) y el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), recibió 252 votos a favor, 212 en contra y cuatro abstenciones en la votación general. La iniciativa busca gestionar aproximadamente 40 mil millones de pesos de las cuentas individuales de Afores de personas mayores de 70 años que no han sido reclamadas.
El expediente, identificado como Acción de Inconstitucionalidad 116/2024, fue admitido formalmente el 24 de junio, según consta en la Lista de Notificaciones de la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y de Acciones de Inconstitucionalidad. En palabras de la Ministra Ortiz, se aceptó la presentación de los promoventes, otorgándoles la personalidad legal correspondiente y admitiendo la acción de inconstitucionalidad presentada.
Los argumentos en contra de la iniciativa provienen principalmente de las bancadas del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Partido Acción Nacional (PAN) y Partido de la Revolución Democrática (PRD). Estos grupos argumentan que el control del fondo por parte del Poder Ejecutivo podría representar un manejo inadecuado de los recursos que pertenecen a los ciudadanos.
Durante las discusiones en el pleno, representantes de estas bancadas expresaron preocupaciones sobre la transparencia y la eficiencia en el manejo de los fondos. Por otro lado, los partidarios del fondo argumentan que este servirá para complementar las pensiones de los trabajadores cuyo monto de jubilación sea inferior al salario promedio mensual de 17,431.4 pesos, ofreciendo así un mejor bienestar en la vejez.
Con la acción admitida a trámite, la ministra Ortiz ahora trabajará en la elaboración del proyecto respectivo que deberá ser resuelto por el Pleno del Máximo Tribunal. Este proceso habilitará días y horas necesarios para llevar a cabo todas las notificaciones y procedimientos requeridos.
Este caso no solo pone de relieve las tensiones políticas entre el gobierno y la oposición, sino que también destaca la complejidad del sistema de pensiones en México. Con millones de pesos en juego, el resultado de este trámite tendrá un impacto significativo no solo en las finanzas públicas sino también en la vida de millones de trabajadores retirados o en vías de jubilación.
La admisión a trámite de esta impugnación no es solo un procedimiento legal más, es un reflejo de las dinámicas políticas y sociales que actualmente moldean el futuro de México. A medida que el debate avanza, es crucial que todos los actores involucrados actúen con transparencia y busquen el equilibrio adecuado entre la gestión eficiente de recursos y la protección de los derechos de los ciudadanos a una jubilación digna y segura.
