22 noviembre, 2024

La Corte Penal Internacional (CPI) ha emitido órdenes de arresto contra el jefe del Estado Mayor ruso, Valeri Guerasimov, y el exministro de Defensa, Serguéi Shoigú, por presuntos crímenes de guerra en Ucrania. Los cargos incluyen dirigir ataques contra bienes civiles, causar daños excesivos a la población civil y cometer “actos inhumanos“, según un comunicado de la CPI.

 

La CPI, con sede en La Haya, asegura tener “motivos razonables” para creer que Guerasimov y Shoigú son responsables de los bombardeos con misiles realizados por las fuerzas armadas rusas contra infraestructuras eléctricas ucranianas entre el 10 de octubre de 2022 y el 9 de marzo de 2023. Estos ataques, dirigidos contra bienes de carácter civil, resultaron en daños colaterales excesivos en comparación con cualquier ventaja militar prevista.

 

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, afirmó que esta decisión de la CPI es una señal clara de que la justicia para los crímenes rusos es inevitable y espera ver a estos individuos tras las rejas. Por otro lado, el Consejo de Seguridad de Rusia minimizó la decisión, calificándola de “insignificante” y “nula”, argumentando que la CPI no tiene jurisdicción sobre Rusia.

 

La CPI ya había emitido una orden de arresto contra el presidente ruso, Vladimir Putin, en marzo del año pasado, junto con Maria Lvova-Belova, comisionada rusa para la infancia, por la presunta deportación de niños ucranianos a Rusia. Además, otros altos mandos rusos, como Serguéi Kobylash y Viktor Sokolov, también enfrentan órdenes de arresto por crímenes similares.

 

 

La CPI, creada en 2002 para investigar crímenes de guerra y contra la humanidad, abrió recientemente una oficina en Kiev como parte de sus esfuerzos para pedir cuentas a las fuerzas rusas. Rusia, que firmó pero no ratificó el Estatuto de Roma, ha rechazado repetidamente la jurisdicción de la CPI, y en 2016, Putin firmó una orden para que Rusia no se convirtiera en miembro de la corte.

 

Las órdenes de arresto son principalmente simbólicas, ya que la CPI no tiene fuerzas de seguridad propias y depende de los países miembros para ejecutar las detenciones. Putin, por ejemplo, ha viajado a países que no son miembros de la CPI, evitando territorios donde podría ser arrestado, como Sudáfrica durante un reciente encuentro de los BRICS.

 

Esta serie de órdenes de arresto destaca los continuos esfuerzos de la CPI para responsabilizar a los perpetradores de crímenes de guerra, aunque su implementación práctica sigue siendo un desafío significativo en el ámbito internacional.