Se ha publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto que adiciona el artículo 9 a la Ley de Amnistía. Este cambio permite al Presidente de México otorgar amnistía de manera directa, sin necesidad de seguir el procedimiento previamente establecido. La nueva disposición entró en vigor este sábado 15 de junio.
El decreto estipula: “Por determinación exclusiva de la persona titular del Poder Ejecutivo Federal se podrá otorgar el beneficio de la amnistía de manera directa, sin sujetarse al procedimiento establecido en este ordenamiento.” Este poder permitirá al Presidente Andrés Manuel López Obrador emitir amnistías de manera expedita en casos específicos.
Para que se otorgue esta amnistía directa, deben cumplirse ciertas condiciones:
- Utilidad para el Estado Mexicano: La persona beneficiada debe aportar elementos comprobables que sean útiles para conocer la verdad en casos relevantes para el Estado.
- Situación Legal del Beneficiario: La amnistía se aplicará a personas contra quienes se haya ejercido acción penal, estén siendo procesadas o hayan sido sentenciadas por cualquier delito.
El decreto también especifica que: “La amnistía concedida en términos de lo dispuesto por este artículo extinguirá las acciones penales y las sanciones impuestas.” Esto implica que cualquier persona que reciba esta amnistía verá anuladas sus sanciones penales.
La publicación de este decreto ha suscitado diversas reacciones en el ámbito político y social. Mientras algunos sectores celebran esta medida como un paso hacia la justicia y la resolución de casos complejos, otros expresan preocupaciones sobre su implementación y posibles implicaciones.
El presidente de la Comisión de Justicia en la Cámara de Diputados, Alejandro Encinas, comentó: “Esta reforma permite al Presidente actuar de manera más ágil en casos donde la verdad histórica y la justicia social requieren una respuesta rápida.”
Por otro lado, organizaciones de la sociedad civil han señalado la necesidad de un monitoreo riguroso para asegurar que la amnistía se conceda de manera justa y transparente. Mariana Gómez del Campo, representante de una de estas organizaciones, expresó: “Aunque entendemos la intención detrás de esta medida, es crucial que existan mecanismos de transparencia y rendición de cuentas para evitar abusos.”
La Ley de Amnistía, aprobada inicialmente en 2020, tenía como objetivo principal liberar a personas sentenciadas por delitos menores, particularmente aquellos en situaciones de vulnerabilidad, como indígenas o personas en extrema pobreza. Desde su implementación, se ha utilizado para revisar casos específicos, pero el nuevo decreto amplía significativamente el alcance y la rapidez con que puede aplicarse.
El Presidente López Obrador ha defendido esta adición, argumentando que es una herramienta necesaria para abordar rápidamente injusticias evidentes y contribuir a la pacificación del país. “No podemos permitir que burocracias innecesarias sigan retardando la justicia. Este decreto es una respuesta directa a la necesidad de actuar con rapidez en casos urgentes,” declaró el mandatario.
El decreto permitirá al Presidente emitir acuerdos que considere necesarios para su aplicación. Esto podría incluir directrices específicas sobre los tipos de casos prioritarios o procedimientos internos para garantizar que la amnistía directa se conceda de manera justa.
Analistas políticos han señalado que esta medida podría influir en la percepción pública del gobierno actual, especialmente en un año preelectoral. “La capacidad del Presidente para otorgar amnistías directas puede ser vista como un gesto de empatía y justicia, pero también debe manejarse con cuidado para evitar acusaciones de favoritismo o manipulación política,” comentó la politóloga Denise Dresser.
