22 noviembre, 2024

En una controvertida decisión, el Gobierno de Sonora ha expropiado el terreno donde se encontraba la Guardería ABC con el fin de construir un memorial en honor a las víctimas del trágico incendio que ocurrió hace 15 años. La medida, anunciada a través de un decreto publicado en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado el 4 de junio y vigente desde el 5 de junio, ha provocado una fuerte reacción de los padres de las víctimas, quienes han decidido combatir legalmente esta decisión.

 

Contexto del Incendio y la Expropiación

El 5 de junio de 2009, un incendio en la Guardería ABC en Hermosillo, Sonora, resultó en la muerte de 49 menores y dejó a 24 más con quemaduras graves. Esta tragedia desencadenó una serie de investigaciones y procesos legales que aún están en curso.

 

El reciente decreto de expropiación, firmado por el gobernador Alfonso Durazo, argumenta que el terreno será utilizado para crear un espacio público que incluirá un monumento conmemorativo, un museo y un jardín botánico, entre otros elementos.

 

Reacciones de los Padres de las Víctimas

El grupo Manos Unidas por Nuestros Niños, conformado por padres de las víctimas, ha expresado su firme oposición al decreto de expropiación. Argumentan que la construcción del memorial destruirá la escena del crimen, lo que afectará gravemente los procesos jurídicos en curso y la posibilidad de establecer la verdad histórica de los hechos.

 

“El Gobierno del Estado de Sonora, al edificar el memorial, derrumbará la construcción de la Guardería ABC y destruirá para siempre lo que se conoce como la escena del crimen”, declaró el grupo en un comunicado.

 

“Esto impedirá que cualquier diligencia judicial o ministerial que se necesite realizar en el lugar de los hechos sea posible, abandonando así la posibilidad de establecer la verdad sobre la tragedia y de imputar a los responsables”.

 

 

Argumentos Legales y Protestas

Manos Unidas por Nuestros Niños ha señalado que no todos los padres de las víctimas apoyan la expropiación y construcción del memorial. Afirman que su colectivo, que representa a la mayoría de las familias afectadas, nunca solicitó la expropiación del terreno. Además, subrayan que el inmueble todavía está bajo resguardo legal de la Fiscalía General de la República (FGR) debido a las investigaciones en curso.

 

“Combatiremos jurídicamente el acto de expropiación porque lo consideramos totalmente arbitrario e ilegal”, enfatizó el grupo. “Esta medida, aunque parece tener una finalidad social, en realidad impedirá que se conozca la verdad sobre la muerte de nuestros hijos y podría llevar a la impunidad”.

 

Detalles del Proyecto del Memorial

El decreto de expropiación detalla que el nuevo espacio público incluirá un monumento conmemorativo a las víctimas del incendio, un museo con tres salas de exposición, un pabellón para exposiciones al aire libre, un anfiteatro para eventos culturales y un jardín botánico con flora endémica. El objetivo es que este sitio de memoria sirva como recordatorio permanente a las autoridades sobre la importancia de prevenir y proteger los derechos humanos.

 

El gobierno sostiene que esta obra es una “acción de satisfacción social” destinada a honrar la memoria de las víctimas y contribuir a la verdad, justicia y resarcimiento simbólico; sin embargo, para los padres de las víctimas, el acto de expropiación y destrucción del sitio original representa una amenaza para la búsqueda de justicia.