Todavía existen escépticos que dudan sobre el poder del narcotráfico en las elecciones de este año. En un escenario de creciente tensión y violencia, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) ha lanzado una serie de amenazas a los pobladores de Aguililla, Michoacán, con el fin de influir en las elecciones municipales del próximo 2 de junio.
Según testimonios de residentes, el grupo criminal ha ordenado votar por Elsa Guadalupe Contreras Sánchez, candidata del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), advirtiendo que quienes no cumplan con esta instrucción podrían ser expulsados del lugar o incluso asesinados.
El CJNG, liderado en la región por Armando Gómez Núñez, conocido como “Delta”, ha tomado el control de la elección en Aguililla. Los pobladores relatan que miembros del cártel han recorrido las comunidades y la cabecera municipal para exigir a los votantes que apoyen a Contreras Sánchez.
Adela, una residente de 39 años, contó que los miembros del cártel han exigido pruebas de los votos a favor de su candidata. “Nos dijeron que si no votamos por ella y le tomamos foto a la boleta para enseñárselas, nos van a sacar del pueblo o nos van a matar”, explicó. Esta intimidación ha generado un clima de miedo y desesperación entre los habitantes, quienes se sienten atrapados entre la violencia del cártel y la necesidad de participar en el proceso electoral.
Antonio de Jesús, un ex trabajador de la presidencia municipal, confirmó que el CJNG ha estado preparando esta elección desde hace tiempo. El asesinato del anterior alcalde, César Arturo Valencia Caballero, en marzo de 2022, marcó el inicio de una serie de acciones para asegurar el control del municipio.
Antonio declaró que tuvo que huir de Aguililla debido a su oposición a la repartición de los recursos públicos al cártel. “Me querían involucrar cuando los descubrí, pero decidí irme y me llegó mi carta de despido. Soy consciente de lo que vivimos en Aguililla y hago esta denuncia para que se den cuenta de la realidad”, afirmó.
Según Antonio, Elsa Guadalupe Contreras Sánchez, candidata del PVEM, ha estado colaborando con el CJNG, entregando recursos del ayuntamiento a la organización criminal. “Elsa sacaba el recurso del ayuntamiento para dárselo al cártel, cuando como gobierno se pudo haber ayudado a nuestro municipio y a nuestra gente”, denunció.
Ante la grave situación, los pobladores de Aguililla han solicitado ayuda al gobierno federal y a las autoridades estatales, pidiendo una presencia permanente de fuerzas de seguridad que garantice la integridad del proceso electoral. “Pedimos el apoyo del gobierno porque ya no queremos seguir siendo esclavos del CJNG. Nos da miedo hacer esta denuncia, pero queremos hacer conciencia de lo que se nos puede venir si ese cártel gana nuevamente la presidencia municipal”, expresó Adela en una declaración al medio local.
La dirigencia del PVEM en Michoacán, al ser informada de estas denuncias, defendió a su candidata, asegurando que no tenían elementos para relacionarla con la delincuencia organizada. No obstante, los testimonios de los residentes pintan un cuadro preocupante de la influencia del cártel en la política local.
Michoacán ha sido una de las entidades más afectadas por la violencia del crimen organizado en México. Los grupos criminales, como el CJNG, han aprovechado la debilidad de las instituciones locales para imponer su control sobre vastas áreas del estado. La situación en Aguililla es un ejemplo claro de cómo estos grupos pueden influir en procesos democráticos, utilizando el miedo y la intimidación para asegurar resultados favorables a sus intereses.
Los pobladores de Aguililla han hecho un llamado urgente a las autoridades estatales y federales, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, para que intervengan y garanticen la seguridad durante las elecciones. La presencia de fuerzas de seguridad en la región es crucial para evitar que el CJNG continúe ejerciendo su control a través de la violencia y la coerción.
La situación en Aguililla refleja un problema más amplio que enfrenta México: la influencia del crimen organizado en los procesos democráticos. La intimidación de votantes y la corrupción de funcionarios locales son estrategias utilizadas por los cárteles para consolidar su poder.
Es fundamental que el gobierno y las instituciones electorales tomen medidas firmes para proteger la integridad de las elecciones y garantizar que los ciudadanos puedan ejercer su derecho al voto sin temor a represalias.
