xr:d:DAE3yL3fooQ:583,j:47609502635,t:23022418
En un paso significativo hacia la lucha contra la delincuencia financiera, la ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Yasmín Esquivel Mossa, ha defendido la atribución del Ministerio Público (MP) para solicitar información bancaria. Según la ministra, esta facultad es crucial para recabar pruebas que acrediten la existencia de delitos como la defraudación fiscal y el lavado de dinero.
El Pleno de la Suprema Corte analizó la constitucionalidad del artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito, que otorga al MP la capacidad de solicitar información bancaria sin necesidad de una autorización judicial previa. En su intervención, la ministra Esquivel Mossa argumentó que esta disposición persigue un fin constitucionalmente válido al facilitar la investigación de posibles actos delictivos.
Resaltó que el secreto bancario no debe ser un obstáculo en la persecución de delitos, ya que la pronta obtención de pruebas puede resultar en el aseguramiento de activos financieros o el bloqueo de cuentas involucradas en actividades ilícitas.
Esquivel Mossa detalló que esta atribución es fundamental para que el MP recabe elementos probatorios sólidos, necesarios para acreditar la existencia de delitos y para determinar la probable responsabilidad de los involucrados.
La ministra destacó que esta medida no solo es legítima sino también proporcional, ya que el grado de afectación al derecho a la intimidad es menor en comparación con el beneficio obtenido para la justicia y la sociedad en general.
Durante la sesión, se discutió ampliamente la validez de mantener esta disposición legal. Aunque seis ministros votaron por eliminar el precepto del ordenamiento jurídico mexicano, no se alcanzó la mayoría calificada de ocho votos necesarios para la declaratoria general de inconstitucionalidad.
Esta decisión refleja el equilibrio entre la necesidad de combatir eficazmente los delitos financieros y la protección de los derechos individuales.
La ministra Esquivel Mossa enfatizó que el personal de las fiscalías tiene la obligación de preservar la confidencialidad de los datos recibidos, lo que añade una capa de protección a los derechos de los individuos investigados. Este punto es crucial para garantizar que la atribución del MP no sea mal utilizada y que se respete la privacidad de las personas en la medida de lo posible.
La importancia de esta facultad del MP se refleja en su capacidad para desmantelar redes de corrupción y delincuencia organizada, al permitir una respuesta rápida y efectiva ante la sospecha de actividades ilícitas. La lucha contra el lavado de dinero y la defraudación fiscal es una prioridad para el Estado, y herramientas legales como el artículo 142 de la Ley de Instituciones de Crédito son esenciales para lograr avances significativos en este ámbito.
La defensa de Yasmín Esquivel Mossa de esta atribución subraya su compromiso con fortalecer las capacidades del MP en la lucha contra delitos financieros. Al permitir la solicitud de información bancaria, se garantiza una mayor transparencia y se refuerza el combate contra actividades que afectan gravemente la economía y la confianza en las instituciones.
Esta medida, aunque controvertida, representa un paso crucial hacia la mejora de la justicia y la protección de los intereses de la sociedad, alineándose con los objetivos constitucionales de seguridad y legalidad.
La discusión y las decisiones en torno a esta disposición legal continuarán siendo fundamentales en la evolución del marco jurídico mexicano en la lucha contra el crimen financiero.
