La Línea 1 del Metro de la Ciudad de México, que corre de Pantitlán a Observatorio, está en el centro de atención de los panistas por los 25 convoyes prometidos tras la rehabilitación de la citada línea, ya que solo 10 están actualmente en operación.
Este déficit ha llevado a Federico Döring Casar, coordinador del PAN en el Congreso capitalino, a promover un Punto de Acuerdo exigiendo transparencia y respuestas del Sistema de Transporte Colectivo (STC).
Según Döring, esta situación es un reflejo más de las carencias en la gestión del Metro, y acusa directamente a Guillermo Calderón, director general del Metro, de no proporcionar las condiciones adecuadas para la eficacia del sistema. Además, denuncia que detrás de las irregularidades podría estar la protección política hacia Florencia Serranía, exdirectora del Metro, indicando que existen intereses ocultos que han impedido el progreso y transparencia requeridos.
Según el panista, la situación ha causado gran frustración entre los usuarios del Metro, quienes se enfrentan a largas esperas y condiciones de viaje deterioradas debido a la insuficiencia de trenes disponibles.
Los 10 convoyes en servicio incluyen seis unidades nuevas y cuatro rehabilitadas, parte de un contrato firmado en 2020 con el consorcio chino CRRC, que estipulaba la entrega de 29 nuevas unidades, de las cuales deberían estar ya 25 en circulación.
La respuesta del STC y las acciones del director del Metro han sido calificadas de insuficientes frente a las necesidades de uno de los sistemas de transporte más utilizados de la capital. En este contexto, Aníbal Cañez Morales, diputado local del PAN, ha criticado duramente la gestión de Serranía, relacionándola con corrupción y mala administración, especialmente referente a la caída de la Línea 12 y contratos dudosos durante su mandato.
Como respuesta a esta situación, el PAN anunció que, con la llegada de Santiago Taboada como jefe de Gobierno, se iniciará una serie de auditorías externas para revisar los contratos y gestionar las responsabilidades administrativas y penales pertinentes.
El anuncio implica la necesidad de una gestión más transparente y eficiente por parte del Metro, máxime si el incumplimiento de contratos involucra un déficit frente a la alta demanda del servicio.
