El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador lo vuelve hacer, muy a su estilo vuelve a difundir información sensible y relacionada con un caso que al gobierno le importa, PEMEX.; mientras sus opositores demandan que fuera así de oportuno y transparente en la divulgación de expedientes sobre obras de su gobierno, el mandatario lanza un mensaje entre líneas en la última recta de la temporada electoral.
Durante la conferencia matutina, López Obrador y el titular de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Octavio Romero Oropeza, dieron un reporte de los logros, avances y previsiones futuras de la paraestatal, por encargo del presidente. Al mencionar las “complicaciones” que tuvo el organismo con personas y empresas privadas del sector, Romero Oropeza hizo mención de un caso de corrupción en cual se involucra a la también escritora y conferencista, María Amparo Casar, por el supuesto cobro indebido de varias prestaciones tras la muerte de Carlos Fernando Márquez Padilla, quien fuera su esposo.
El gobierno mexicano ha generado polémica al difundir el expediente de Carlos Fernando Márquez Padilla García, fallecido esposo de María Amparo Casar, presidenta de la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI).
Romero Oropeza afirmó que Casar buscó obtener beneficios económicos tras la muerte de Márquez Padilla, ocurrida en 2004, al caer del piso 12 de la Torre A de Pemex. Según el director de Pemex, Casar solicitó el pago de seguro, ayuda de gastos funerarios y una pensión post mortem para sus hijos y para ella, antes de que se emitiera un dictamen oficial sobre la causa de la muerte.
La difusión del expediente por parte del Gobierno de México incluyó documentos personales como el acta de defunción de Márquez Padilla, la credencial de elector de María Amparo Casar, cheques, recibos de pago y otros documentos relacionados, generando críticas por la exposición de datos sensibles.
Políticos y expertos en derecho han cuestionado la legalidad y ética de esta acción gubernamental. José Ramón Cossío Díaz, exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señaló que ninguna norma legal otorga al gobierno la facultad de difundir documentos con datos personales sin el consentimiento de los involucrados.
La periodista Denise Dresser y el diputado Santiago Torreblanca expresaron su preocupación por lo que consideran un abuso de poder y una violación a la privacidad por parte del gobierno. Catalina Pérez Correa y Julieta Del Río Venegas del INAI (Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales) también condenaron la difusión de datos personales sin autorización.
Ante esta situación, Xóchitl Gálvez, candidata presidencial de la oposición, mostró su solidaridad con María Amparo Casar, denunciando el supuesto acoso del gobierno federal hacia la activista y criticando la falta de libertad de expresión en el país.
Por su parte, la asociación civil Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) respaldó a Casar, calificando las acciones del gobierno como una violación a la libertad de expresión y un ataque a la sociedad civil.
El caso ha generado reacciones en diversos sectores de la sociedad, incluyendo académicos y periodistas, quienes han firmado cartas y expresado su rechazo a la difusión de datos personales por parte del gobierno, destacando la importancia de proteger la privacidad y la libertad de expresión en una sociedad democrática.
La difusión del expediente de María Amparo Casar ha abierto un debate sobre los límites del poder gubernamental y el respeto a los derechos individuales en México. Las críticas apuntan a la necesidad de establecer protocolos claros y respetuosos para el manejo de información confidencial y proteger la integridad de los ciudadanos.
