En una decisión que sorprendió, la Comisión Permanente de Quejas del Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM), ha ordenado la retirada de diversas publicaciones y la abstención de realizar nuevas manifestaciones que el organismo ha considerado calumniosas y sin fundamento legal contra Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la CDMX a la Jefatura de Gobierno.
Esta medida cautelar busca preservar el principio de neutralidad y equidad en la contienda electoral, subrayando la tensión entre la libertad de expresión y la integridad electoral.
El respaldo a Santiago Taboada, prohíbe a su rival, Clara Brugada de Morena, y a otros miembros de su partido, vincularlo con el “Cártel Inmobiliario”. Esta resolución ha intensificado el debate sobre la libertad de expresión en el contexto electoral y ha elevado la tensión entre los contendientes.
La decisión del IECM responde a una queja presentada por Santiago Taboada en la que solicitaba medidas cautelares para evitar que se le asocie con actividades ilícitas relacionadas con el sector inmobiliario. Esta solicitud fue extendida a incluir la prohibición de apodos y frases despectivas como “Santiago Tajada”y “candidato de las mafias”, que Morena había utilizado en diversas plataformas de comunicación.
Las medidas implican que diversas figuras políticas y medios de comunicación deben eliminar, en un plazo de 24 horas, un total de 19 publicaciones en redes sociales que hacen referencia al “Cártel Inmobiliario”. Entre los afectados se encuentran figuras de Morena como Leticia Varela, Pablo Hernández, y Mario Delgado; así como medios como el diario digital El Soberano.
Reacción de Clara Brugada
Clara Brugada ha calificado la decisión como un “ataque directo a la democracia y a la libertad de expresión”. En un evento público y a través de diversas plataformas, Brugada ha hecho un llamado a la ciudadanía para que informe y discuta abiertamente sobre lo que ella describe como evidencia de corrupción ligada a la gestión anterior de Taboada en la alcaldía Benito Juárez. “Si a la mitad de la campaña no nos permiten que hablemos del Cártel Inmobiliario, entonces que hable toda la gente”, afirmó Brugada en un mitin reciente.
La decisión ha sido descrita por algunos analistas y académicos como una restricción preocupante a la libre expresión en tiempos de elecciones, mientras que otros la ven como una medida necesaria para mantener la equidad y la dignidad en la contienda.
Brugada anunció que su partido buscará impugnar esta decisión ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, argumentando que las restricciones impuestas son desproporcionadas y podrían sentar un precedente negativo para la libre discusión de temas públicos cruciales.
Además, ha reiterado que la campaña de Morena no está fundamentada únicamente en denunciar la corrupción inmobiliaria, pero que las medidas cautelares les proporcionan un “motivo político” para centrarse aún más en estas acusaciones.
Notablemente la medida no aplica a Clara Brugada, candidata de la alianza Sigamos Haciendo Historia, a pesar de estar incluida en la queja original promovida por el PAN. Además, las restricciones no afectan los discursos en debates, donde se permite la confrontación directa y la réplica entre candidatos.
La sociedad civil y varios grupos de derechos han expresado su preocupación respecto a cómo esta resolución podría afectar la percepción pública sobre la transparencia y la integridad del proceso electoral. Mientras tanto, los simpatizantes de Morena han comenzado a organizar foros y actividades en las calles para discutir el tema abiertamente, desafiando lo que consideran una limitación injusta de su capacidad para señalar problemas reales de corrupción.
Esta medida cautelar subraya la delicada línea entre regular la conducta electoral y proteger la libertad de expresión durante las campañas. Mientras los partidos preparan sus estrategias legales y de comunicación en respuesta, la atención de los votantes y los medios se centra cada vez más en la integridad del proceso electoral y en cómo los candidatos manejan las controversias y acusaciones mutuas.
El conflicto entre Clara Brugada y Santiago Taboada por las medidas cautelares del IECM refleja una lucha más amplia sobre la libertad de expresión y la ética en las campañas electorales. A medida que se acercan las elecciones, la forma en que se maneje este caso podría tener repercusiones significativas no solo para los candidatos involucrados sino para la práctica de la política en México.
La resolución del IECM es un recordatorio de que, en el calor de una campaña electoral, las acusaciones y la retórica pueden tener consecuencias significativas no solo para los candidatos individuales sino también para la percepción pública del proceso electoral en su conjunto. A medida que la campaña avanza, todos los ojos estarán puestos en cómo estas tensiones se desenredan en los tribunales y en las urnas.
