22 noviembre, 2024

En un operativo realizado por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales de la Ciudad de México (FEPADE), 30 personas fueron detenidas en flagrancia mientras retiraban propaganda política del candidato Santiago Taboada, candidato de la coalición Va por la CDMX.

 

Los arrestos se efectuaron en tres localidades específicas de la alcaldía Milpa Alta: la calle Pozo en San Antonio Tecómitl, el Boulevard Nuevo León en la colonia San Francisco Tecoxpa, y en otras calles aledañas de la misma colonia. Los detenidos, según reportes de los brigadistas afectados, emplearon ganchos y tubos durante sus actos, lo que fue percibido como intimidatorio y potencialmente dañino para la propiedad privada.

 

De acuerdo con la documentación de la FEPADE, más de 100 personas que colocaban propaganda para Santiago Taboada y otros candidatos de la alianza PRI-PAN-PRD en la zona sur de la Ciudad de México, afirmaron haber sido agredidas e intimidadas por los ahora detenidos. Estos últimos, identificados como empleados de la alcaldía de Xochimilco, argumentaron que recibieron órdenes de remover la propaganda de partidos políticos distintos al de Morena.

 

Los implicados fueron trasladados a la sede de la FEPADE junto con las camionetas que utilizaban, identificadas con las placas A-326-ADD y A-191-AE y registradas a nombre de la alcaldía Xochimilco, así como el material de campaña que habían retirado.

 

Este evento ocurre en un contexto de creciente tensión política en la Ciudad de México, donde la competencia entre distintos partidos y coaliciones se ha intensificado en la víspera de las elecciones. La intervención de la FEPADE subraya la importancia de mantener un ambiente de equidad y respeto durante el periodo electoral, asegurando que todos los partidos tengan la misma oportunidad de comunicar sus mensajes a los votantes.

 

El seguimiento de este caso será crucial para garantizar la transparencia y la justicia en el proceso electoral. Asimismo, este incidente resalta la necesidad de que las autoridades electorales y judiciales permanezcan vigilantes y actúen con rapidez ante cualquier intento de perturbar la equidad del proceso electoral.