El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) ha revocado la candidatura a diputado federal de Francisco Javier García Cabeza de Vaca, del Partido Acción Nacional (PAN), debido a que actualmente se encuentra prófugo y enfrenta dos órdenes de aprehensión.
El exgobernador de Tamaulipas, tenía planeado contender por un escaño en la Cámara de Diputados por la vía de representación proporcional, sin embargo, su situación legal ha llevado a los magistrados del TEPJF a determinar su inelegibilidad.
Con una mayoría de cuatro votos a favor y uno en contra, el proyecto presentado por la magistrada Janine Otálora, no dejó margen a dudas sobre la incompatibilidad de su candidatura con las normas electorales vigentes.
Dos órdenes de aprehensión complican su candidatura
La problemática jurídica de Cabeza de Vaca no es reciente. El exgobernador ya tenía en su contra una orden de aprehensión del año 2021 por presuntos delitos de delincuencia organizada. A esta se suma una más reciente, emitida en 2024 por delitos similares, que incluyen operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero.
A pesar de estas serias acusaciones, Cabeza de Vaca ha eludido la justicia, situación confirmada por la existencia de una ficha roja emitida por la Interpol, destinada a ayudar en su localización y arresto a nivel internacional.
Reacciones y procedimientos subsiguientes
Ante esta situación, el TEPJF ha dado un plazo de 48 horas al PAN para presentar a quien sustituirá la candidatura que tenía Cabeza de Vaca.
Por otro lado, el caso de Cabeza de Vaca contrasta significativamente con el de Ricardo Anaya, también del PAN, cuya candidatura a Senador ha sido confirmada tras verificar que no enfrenta cargos similares ni restricciones legales que impidan su participación en los comicios.
La decisión del TEPJF sobre el caso García Cabeza de Vaca, envía un mensaje claro sobre los estándares de elegibilidad y la ética en la política mexicana, así como sobre los controles legales en la validación de candidaturas. Ahora los partidos deberán asegurarse de la integridad legal y la idoneidad de sus candidatos para evitar situaciones similares.
