El gobierno de la Ciudad de México ha dado un paso significativo en la lucha contra la corrupción inmobiliaria al aprobar una reforma al código penal que establece duras sanciones para los servidores públicos involucrados en este tipo de delitos. A partir del próximo 17 de abril, fecha en que entrará en vigor el Decreto tras su publicación en la Gaceta Oficial, aquellos funcionarios que cometan actos de corrupción relacionados con la construcción ilegal de inmuebles o la edificación de pisos adicionales enfrentarán penas de prisión que van desde los 10 hasta los 20 años.
La medida, impulsada por el jefe de Gobierno de la Ciudad de México, Martí Batres, representa un avance significativo en el combate a una práctica que ha afectado profundamente la integridad del desarrollo urbano en la capital del país. El Decreto establece un nuevo capítulo en el código penal, así como el artículo 276 Quater, destinado específicamente a abordar el problema de la corrupción inmobiliaria.
Según lo estipulado en el Decreto, se considerará que un servidor público comete el delito de corrupción inmobiliaria cuando, ya sea por acción u omisión, permita o tolere la construcción de inmuebles o la edificación de pisos adicionales sin el cumplimiento de los requisitos legales establecidos. Esta amplia definición busca abarcar una variedad de conductas que van desde la complicidad directa en la violación de normativas hasta la negligencia en el ejercicio de las funciones públicas.
La pena establecida para este delito es severa: los infractores enfrentarán entre 10 y 20 años de prisión, independientemente de cualquier otra sanción que pudiera corresponderles por la comisión de otros delitos conexos. Además, se establece un aumento significativo de la pena en caso de que las acciones del servidor público generen beneficios económicos, ya sea para él mismo, su entorno familiar o cualquier tercero con el que mantenga vínculos afectivos, económicos o de dependencia administrativa.
Esta medida representa un firme compromiso por parte de las autoridades de la Ciudad de México en la lucha contra la corrupción y la impunidad. Al establecer penas tan severas para aquellos que abusan de su posición para obtener beneficios ilegales en el sector inmobiliario, se envía un mensaje claro de que tales prácticas no serán toleradas en la ciudad. Se espera que esta reforma contribuya a promover la transparencia y la legalidad en el desarrollo urbano, garantizando así un ambiente más justo y equitativo para todos los habitantes de la capital del país.
