Cervantes enfatizó la importancia de contar con una oferta sólida de seguridad y servicios, tales como un Estado de derecho eficiente, infraestructura de calidad, compromiso con la sustentabilidad y políticas de género inclusivas. Estos elementos son cruciales para atraer y retener empresas en el país, especialmente en un entorno empresarial cada vez más digitalizado.
El documento presentado incluye 14 propuestas del sector empresarial para aprovechar al máximo el potencial del nearshoring, entre las que destacan la creación de un sistema mexicano de Política Industrial Digital 2024-2040 (IED), un plan de mejora para el Estado de Derecho y la generación de un ambiente atractivo que permita duplicar la Inversión Extranjera Directa (IED) en los próximos cinco años.
En la edición también se plantea una Reforma Fiscal Integral que posicione a México en el promedio de recaudación tributaria de los países de América Latina, así como destinar un porcentaje significativo del Producto Interno Bruto (PIB) al desarrollo de infraestructura durante el periodo 2025-2035.
Alejandro Malagón, líder de la Concamin, añadió que es necesario un cambio en la política industrial para fortalecer la competitividad de las industrias mexicanas. Aunque la IED ha mostrado un incremento en los últimos años, solo una fracción de estas inversiones corresponde a nuevos inversionistas, lo que resalta la importancia de implementar medidas para atraer capital fresco al país.
Durante el año 2023, la IED en México ascendió a 36 mil 58 millones de dólares, con un aumento del 2.2% respecto al año anterior, sin embargo solo el 13.4% de este total correspondió a nuevas inversiones, lo que demuestra la necesidad de trabajar en conjunto para aprovechar plenamente las oportunidades que ofrece la relocalización acelerada de la manufactura mundial.
Malagón también destacó la importancia de distribuir de manera equitativa los beneficios de estas inversiones entre diferentes sectores, regiones y grupos sociales, ya que actualmente el 70% de la IED se concentra en solo ocho entidades federativas.
El impulso del nearshoring en México requiere un cambio integral en la estrategia económica y la política industrial, así como la implementación de medidas concretas para atraer inversiones, mejorar la competitividad y distribuir equitativamente los beneficios de estas inversiones en todo el país.
